jueves, 12 de noviembre de 2009

La mitad de los nuevos policías de Galicia vigilarán la violencia machista

El Gobierno gallego se compromete a desarrollar la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007 por el bipartito

















La mitad de los nuevos agentes de la Policía Autonómica de Galicia irán destinados al ámbito de la violencia machista y de la protección de menores, según informó ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. El conselleiro, que había solicitado al Ministerio de Justicia una ampliación de 500 agentes para la unidad adscrita a la Policía Autonómica, destacó "la voluntad" de la actual Xunta de desarrollar "en esta legislatura" la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007. Rueda aseguró que "no existe relajamiento" en la lucha del Gobierno autonómico contra "esta lacra social" y añadió que, en los presupuestos de 2010, han incrementado los fondos para la concesión de ayudas periódicas a las víctimas y dirigido un 19% más del presupuesto a la partida asignada a los programas de protección. En cuanto a las medidas que la Xunta planea poner en marcha, el responsable de Presidencia hizo referencia al desarrollo de un programa de atención psicológica específica a los menores que se encuentren en casas de acogida y a un proyecto "experimental" sobre el fomento de la igualdad, que se desarrollará de forma conjunta con Castilla-León y Portugal.

Previamente a la intervención Parlamentaria de Rueda, la diputada del BNG Ana Pontón denunció "los pasos negativos" que la Xunta había desarrollado en esta materia. así, recordó "el despido de 64 personas" que trabajaban en los equipos de igualdad de las oficinas adscritas al Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar.

Desde el PSdeG, la diputada Laura Seara acusó al Gobierno gallego de haber "retirado la igualdad de la agenda política", argumentando que "no han promovido ni una sola medida nueva" desde su llegada a la Xunta. Además, la socialista manifestó tener constancia de que beneficiarias de la ayuda económica periódica a víctimas -salario de la libertad- "no la cobraban desde abril".

Finalmente, la diputada del PP Paula Prado también hizo referencia al salario de la libertad, promovido por el gobierno del bipartito, y lo tildó de "estafa" al asegurar que "requiere de una convivencia entre víctima y agresor", que no existe después de que el juez dicte una orden de alejamiento contra éste último.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

martes, 27 de octubre de 2009

TRAS 2 AÑOS Y MEDIO SIN PLAN DE IGUALDAD EL CONCELLO APOBARÁ UN PLAN HASTA EL 2011

Santiago necesitaba un plan, una hoja de ruta que marcase las políticas de igualdad para nuestro Concello. El anterior Plan perdió vigencia en abril del 2007 y, desde entonces, en Santiago de Compostela no exitían compromisos reales en materia de igualdad.

Una vez analizado el documento en el que se recoge el Plan, desde el PP observamos en este «mucho humo y propaganda» y poco compromiso con la realidad santiaguesa:
«Se habla mucho de impulsar, favorecer y fomentar, pero así no se compromete nada»,

Desde el Partido Popular echamos en falta, sobre todo, un programa de conciliación estable para los períodos de vacaciones escolares, programas que sí tienen municipios del entorno (Teo, Ames, Oroso, Arzúa,...).

Hay que destacar también que, desde el gobierno municipal socialista, no se ha consultado con ninguna asociación vecinal ni con el PP y desconocemos los criterios que se utilizaron para contactar, arbitrariamente,con otros colectivos que sí participaron en las mesas de trabajo previas.

jueves, 22 de octubre de 2009

EL FISCAL SUPERIOR DE GALICIA PRESENTA SU MEMORIA DE 2008 EN EL PARLAMENTO

Aunque las intervenciones de los grupos parlamentarios se centraron principalmente en alabar y analizar el trabajo de la Fiscalía Superior, las diputadas no pudieron evitar unos mínimos cruces de acusaciones. Así, Beatriz Sestayo preguntó a Varela si, como representante del Ministerio Fiscal, se sentía "presionado" por alguien para "perseguir" a cargos del PPdeG, en alusión a las críticas efectuadas a raíz de casos como el Gürtel.Desde las filas populares, la diputada Paula Prado respondió a la socialista señalando que las críticas vertidas desde el PP se encaminan al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "y no son trasladables a otras figuras fiscales, que no decimos que no actúen con imparcialidad". Además, la parlamentaria pidió al PSdeG que tenga "memoria histórica" y no olvide que con gobiernos estatales anteriores, ellos mismos criticaron al anterior fiscal general, Jesús Cardenal.


El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, puso de manifiesto en el Parlamento la necesidad de crear una ley autonómica de mediación, que regule y ampare la aplicación de estos procesos en conflictos que afectan al ámbito privado y esferas de proximidad, como cuestiones vecinales, de familia o incluso los referidos a menores. "No deberÍamos pasar un minuto más sIn preocuparnos por esta cuestión" resaltó.Varela, que presentó ante la Comisión 1ª la memoria de la Fiscalía Superior de 2008, defendió que hay que tener presente la idea de que "no sólo hay justicia donde hay tribunales" y que por tanto "no todos los litigios deben ser resueltos por los tribunales", por lo que apostó por dar un impulso a fórmulas como la mediación o el arbitraje.Además de la descarga de trabajo que para las unidades judiciales puedan suponer estos sistemas, el fiscal incidió en que se trata de medios "absolutamente necesarios" cuando se trata de casos "en los que las partes tienen que seguir manteniendo una relación personal", en los que resulta beneficiosa la intervención de psicólogos.Varela expuso que ya existen experiencias de probada eficacia. Así, destacó que en el 95% de los casos en los que se han aplicado soluciones extraprocesuales, del tipo de la conciliación y la mediación, con menores, estos no han vuelto a delinquir. También puso como ejemplo el programa de mediación intrajudicial puesto en marcha para los procesos de familia en el juzgado número 6 de Santiago, que logró que los acuerdos obtenidos por mediación fuesen aceptados en el 50% de los casos, cifra muy superior a la obtenida por experiencias similares de otras comunidades autónomas.Por ello, Varela pidió la continuidad de este convenio --firmado entre la Vicepresidencia del bipartito, el Ministerio Fiscal, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y el Colexio Oficial de Avogados de Santiago-- y abogó también por hacerlo extensivo a otras provincias, de modo que Galicia se sitúe en una "posición de vanguardia" en la implantación de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos "al menos en los procesos de familia y menores".

Las representantes de los tres grupos parlamentarios --PPdeG, PSdeG y BNG-- se mostraron de acuerdo con la propuesta del fiscal de buscar un nuevo concepto de justicia más "diversificado" con "soluciones informales" como la mediación y el arbitraje, que permitan "diversidad de respuesta". Los tres partidos también se sumaron a la preocupación expresada por el fiscal superior ante la "dificultad" de ejecutar las penas impuestas basadas en trabajos en beneficio de la comunidad, que Varela vinculó a la "insuficiencia de puestos de trabajo a los que destinar a los penados".
Organización y especialización
Donde también hubo coincidencia fue en la necesidad de afrontar una reforma de la organización territorial de la Justicia en Galicia. Desde el grupo popular se destacó que la nuestra es la tercera comunidad con más número de partidos judiciales (45) y que las nuevas vías de comunicación permiten pensar en una nueva distribución más racional. Por su parte, el BNG reclamó para Galicia las competencias de organización y definición de la planta judicial.Carlos Varela abogó por una "nueva geografía de la Justicia", asentada en la comarca como célula básica. Los tribunales comarcales se harían cargo de la "pequeña litigiosidad" y los llamados conflictos "de baja densidad", actuando como una justicia "de proximidad" y liberando a instancias superiores para dar una atención más especializada."Si la delincuencia es compleja y el órgano que la atiende no está muy especializado la respuesta no va a ser de gran altura" señaló el fiscal superior, que abogó por ir hacia las unidades judiciales especializadas, huyendo del "juez generalista" y buscando el apoyo de equipos periciales y policiales con formación específica.

Además del ámbito económico, la dedicación temática se resaltó como muy importante a la hora de abordar los casos de violencia de género, delito que en 2008 generó 6.963 procedimientos en Galicia, de los que el 24,80% correspondieron a juicios rápidos. En 1.447 de ellos, el Ministerio Fiscal llegó a la fase de calificación, y se emitieron un total de 1.175 sentencias, de las que el 61,61% fueron condenatorias.Además de la actuación puramente judicial, Carlos Varela incidió en la puesta en marcha de los informes de valoración integral, que incluyen una valoración del riesgo potencial en el que se encuentra la víctima en distintos momentos del proceso, como por ejemplo a la hora de dictar prisión provisional o una puesta en libertad. Las unidades encargadas de este tratamiento integral comenzaron a funcionar en el verano de 2008, y desde la Fiscalía Superior se espera que sean útiles a la hora de predecir y atajar situaciones de peligro.

lunes, 12 de octubre de 2009

TODOS CON EL OBRA

XACOBEO BLU:SENS 63 REGAL F.C. BARCELONA 80

martes, 22 de septiembre de 2009

La Casa de Acogida sigue cerrada y sin una fecha para su reapertura

Acusan al gobierno local de no entregar toda la documentación necesaria a la Xunta. Desde Raxoi señalan que el expediente ya se trasmitió al anterior gobierno, y que "ahora dicen que no lo encuentran"

La antigua Casa de Acogida del Ayuntamiento de Santiago está previsto que se convierta en un centro de atención integral para las víctimas de la violencia de género. Para ello ambas administraciones firmaron un acuerdo en 2007 por el que Raxoi cedía el local, y la Xunta se encargaba de reformarlo y poner en marcha el nuevo servicio.
Sin embargo, a estas alturas todavía no se ha llevado a cabo esta cesión, por lo que la oposición municipal reclamó ayer el gobierno compostelano que explique las razones.
Según explicó la concejala responsable del seguimiento de esta área por parte del PP, Paula Prado, la demora se debe a que "el Ayuntamiento no envió a Patrimonio de la Xunta toda la documentación que se le había requerido para finalizar el proceso de cesión" del inmueble.
Paula Prado explicó que "esta decisión se adoptó por parte del gobierno municipal sin ningún tipo de previsión futura, pues desde hace casi dos años Santiago no cuenta con ningún inmueble en el que acoger a las víctimas de malos tratos.
La versión de la concejala de la Mujer, Mar Martín, es muy diferente, ya que señala que la documentación se le remitió al Consorcio da Igualdade e do Benestar de la anterior Xunta, y que tras el cambio producido en las elecciones, se les preguntó si iban a seguir con el proyecto.
La respuesta fue positiva, pero también les indicaron que "no encontraban la documentación", por lo que ahora se procederá a reenviársela en breve.
Sobre el cierre del servicio, Mar Martín señaló que con las modificaciones introducidas en la nueva legislación, el modelo tradicional de casas de acogida ya no es efectivo, sino que hay que buscar otras soluciones.

Las claves

Sin actividad desde hace casi dos años
La Casa de Acogida de Santiago cerró sus puertas en diciembre de 2007. El objetivo era cedérsela a la Xunta para que se convirtiese en un centro de recuperación integral para las víctimas de la violencia de género. Casi dos años después, según denuncia el PP, ni siquiera se han iniciado las obras para la reforma interior del inmueble.

Local de los vecinos de Río Sarela
El PP también denunció que en este local tiene su sede provisional la asociación de vecinos Río Sarela, y que a pesar de que las obras estaba previsto que diesen comienzo a partir de la segunda quincena de octubre, "desconocen que han de abandonarlo, y si hay otro lugar previsto para acogerlos".

Acomodo en la Mancomunidad

Sobre la falta de un local para la asociación de vecinos, Mar Martín explica que ya se les informó de que su estancia en la Casa de Acogida era provisional, y que cuando tengan que dejar esta ubicación podrán trasladarse al edificio de la Mancomunidad de Santiago, que también está situado en la zona de San Lourenzo .

EL DATO
300.000 euros .
La Xunta cuenta con una partida de 300.000 euros para acometer las obras de reforma del interior de la Casa de Acogida y convertirla en un centro integral de atención .

viernes, 18 de septiembre de 2009

Conexiones a internet de la Xunta nacionalista: 42 mil euros en 2 meses




La delegada en Coruña de la Consejería de Trabajo se gastaba hasta 3 mil euros diarios en la red

.- Se llama María Debén y ocupó el cargo de delegada de la consejería de Trabajo de la Junta gallega durante el gobierno bipartito de nacionalistas y socialistas. Si Touriño coleccionaba muebles y coches blindados, Debén coleccionaba horas de acceso a la red. En apenas dos meses gastó 42.650 euros del dinero de los ciudadanos en su conexión a internet.
La bien comunicada ex delegada era capaz de descargar cuatro películas completas al día, lo que tal vez no le dejaba demasiado tiempo para las obligaciones del cargo, pero seguramente le distraía bastante.
La nueva consejera de Trabajo de la Junta, la popular Beatriz Mato, calificó de "auténtica salvajada" la actividad de Debén en la red por cuenta de los contribuyentes:
"A mí me parece imposible casi físicamente hacer unas descargas que supongan un coste público de esa envergadura."
Mato censuró el uso de esta tecnología, un dispositivo de alta velocidad vía satélite, y entendió que el destino de la conexión no era el de facilitar las labores propias del trabajo, algo que vio "evidente" con descargas que, en ocasiones, "superaban los 3.000 euros diarios":
"No tengo ni idea ni voy a cuestionar qué es lo que se descargaba."

miércoles, 1 de julio de 2009

HUELGA DEL METAL.Los porqués de un conflicto que parece no tener final


Las demostraciones de fuerza pueden estar a punto de terminar

La Voz de Galicia.
Sofía Vázquez
30/6/2009

¿Por qué no se ponen de acuerdo las dos partes de este conflicto? Para dar respuesta a esta pregunta existen varias versiones. La primera relaciona el arranque de la movilización con las elecciones a la patronal gallega y también con las de la CIG, la central nacionalista vinculada al BNG, partido integrante del anterior Gobierno gallego.
La presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia se la disputaron Antonio Fontenla y José Manuel Fernández Alvariño. Según distintas fuentes, el segundo, que mantenía una postura más radical que el primero frente a los representantes de los trabajadores, advirtió que la negociación sería difícil, «y no le dejó otra salida a los sindicatos que ir a la huelga; y, sobre todo, a la central nacionalista que, a las pocas semanas, celebró su congreso». Sin embargo, esta idea es descartada de forma tajante por otras fuentes consultadas. «Alvariño no está negociando en el metal. Lo hace José María Hidalgo, que es el rival de aquel. Así que esta versión carece de fundamento», argumentan.
Otro factor que está influyendo en la duración de la movilización es la alta tensión que se vive en la provincia de Pontevedra. «Se necesita un período de descompresión para que se firme el convenio», advierten fuentes próximas al conflicto, quienes apuntan también que los trabajadores «aguantarían» con sueldos de 400-500 euros porque buena parte de ellos están cambiando los días en huelga por vacaciones.
Además, ni a la patronal ni a los sindicatos les conviene la mediación de la Xunta. ¿Por qué? A los primeros, explican los mismos expertos en materia laboral, no les va a «solucionar este asunto un miembro del PP; no lo consentirían». Mientras que si la Xunta adoptase una postura próxima a los sindicatos, la solución propuesta jamás sería aceptada por los empresarios, después de soportar más de 20 días de huelga. «Solo las partes pueden llegar a un acuerdo, y ya veremos si más adelante, en septiembre u octubre, surge un nuevo conflicto laboral», subrayan
Pero, sean cuales sean las fuentes consultadas, todas coinciden en que el paro del metal -uno de los más largos de la historia de España- está a punto de concluir, entre otras cosas porque ya remató el congreso de la CIG.
Al llegar a este punto, fuentes bien informadas quieren destacar el peso que en este conflicto tiene la demostración de fuerza por parte de los sindicatos, cuya presencia en el metal es ya histórica.

¿Quién debe pagar los libros de texto?


Domingo 28 de junio de 2009

En mi casa, y como en la mía en docenas de miles de hogares de Galicia, podemos pagar los libros de texto de nuestros hijos sin que ello nos suponga un esfuerzo agotador.
Sin embargo, si a cualquiera de las familias gallegas con capacidad para asumir ese gasto con solo prescindir de algunos pequeños lujos o caprichos se les preguntara si están a favor de que los libros escolares sean gratuitos (es decir, de que se paguen con impuestos) la respuesta sería positiva en la inmensa mayoría de los casos. ¿Por qué razón? Es sencillo: porque el egoísmo individual tiende a prevalecer sobre la solidaridad social.
Pero el hecho de que esa prevalencia sea general, e incluso explicable a la vista de la condición humana, no autoriza a convertir sus indeseables consecuencias en verdades indiscutibles de la filosofía progresista.
Seamos claros: dar 2.500 euros por nacimiento, con independencia de la renta (es decir, al margen de que el nacido se apellide Pérez o Koplowitz), rebajar 400 euros en las retenciones de todos los contribuyentes o hacer los libros de texto gratuitos, no son medidas progresistas, sino iniciativas de populismo electoral que contradicen frontalmente un principio esencial del progresismo: el de la redistribución de la renta a través de la fiscalidad.
Y si eso es así con carácter general, lo es mucho más en un país como el nuestro, en el que la injusta distribución de la recaudación fiscal (procedente de las rentas de los asalariados por cuenta ajena en su inmensa mayoría) puede convertir medidas como las apuntadas en mecanismos de redistribución fiscal inversa: formas de trasladar renta de los más humildes a los más acomodados.
La Xunta de Galicia acaba de iniciar el camino contrario: ir suprimiendo la gratuidad de los libros con carácter general para acabar subvencionando a las familias de renta más baja que no pueden comprarlos sin apoyo.
Aunque, sin duda, el umbral económico fijado legalmente para que las familias reciban las ayudas (9.000 euros per cápita) es discutible, la protesta de asociaciones, sindicatos y partidos, que exigen el mantenimiento de un privilegio (pues de eso se trata, al fin y al cabo) que el bipartito convirtió en bandera de la izquierda, hace sospechar que el cuento chino del fin de las ideologías pudiera ser algo más que un invento reaccionario.
Pues ahí lo tienen: la derecha gobernante apostando por la redistribución fiscal, frente a una izquierda política y sindical empeñada en defender que se subvencione por igual a las familias que ingresan 2.000 euros que a las que ingresan 20.000. Si eso es progresismo, que venga Marx y lo vea. Salvo, claro, que ser progresista consista hoy en hacer políticas que siempre ha hecho la derecha.

domingo, 28 de junio de 2009

domingo, 14 de junio de 2009

LA CRISIS DE LA DEMOGRAFÍA GALLEGA


Apoyo integral «para que las parejas se decidan a tener hijos»

La Voz de Galicia 13/6/2009

El PP apuesta por el apoyo integral «para que las parejas se decidan a tener hijos». Para ello, señala la diputada del PP Paula Prado, propone varias medidas: 1.000 euros por cada hijo de familia numerosa, parto múltiple o de familia monoparental, 300 euros para los hombres que compartan el permiso parental con sus parejas, un cheque guardería para todas las familias con menores de 3 años, creación de guarderías en centros de trabajo, y servicio de comedor y desayuno en todas las escuelas públicas y concertadas. «A precios públicos, claro», apunta Prado. A eso suma una iniciativa legislativa popular que acaba de admitirse a trámite para crear una red de apoyo a embarazadas: «Podría estar en marcha este año», dice

martes, 9 de junio de 2009

INCOLSA AL BORDE DE LA QUIEBRA

La empresa municipal de turismo, Incolsa, arrastra un desfase de más de un millón de euros, según denunció ayer el Partido Popular y reconoció el concejal delegado, Xosé Manuel Iglesias.
Los datos proceden de un informe elaborado por el ex gerente de la empresa, Iñaki Gaztelumendi, y presentado ante el alcalde seis días después de oficializar su dimisión.
Este agujero estaría provocado por tres convenios acordados en su momento con las consellerías de Industria (Dirección Xeral de Turismo) y Cultura y la Diputación, pero que finalmente no se firmaron.
La situación deriva de la falta de concreción de varias subvenciones que se contabilizaron como ingresos en el 2008 por valor de 400.000 euros, «aunque se hicieron igualmente gastos contando con ellas», afirma la edila del PP Paula Prado, quien sacó ayer a la luz estas cuentas. Y se agudizó en el actual ejercicio, en que resultaron fallidos tres convenios previstos con la Xunta para la promoción de la ciudad por importe de 600.000 euros, después de que Incolsa se quedase sin los ingresos (1,8 millones) de la Dirección Xeral de Turismo una vez que la Xunta decidió asumir ella misma la negociación del nuevo convenio con las empresas de bajo coste, al vencer el de Ryanair. En esa decisión basa Iglesias parte de la situación de Incolsa.

Ahora mismo, los compromisos fallidos suman 850.000 euros, aunque Iglesias afirma que los 200.000 que correspondían a la Diputacción en el 2008 se incorporarán este año.
El problema es que Incolsa ya había invertido el dinero, es decir, que se hicieron los gastos previstos, pero los ingresos no llegaron.

En resumen, que se ha generado un descubierto de 1.111.034 euros. Ahora, la única salida es que el Ayuntamiento inyecte este dinero, o de lo contrario, la empresa entraría en quiebra técnica a final de año.

Para la concejala del PP y miembro del consejo de administración de Incolsa, Paula Prado, la única solución es "corregir a la baja los presupuestos y llevar a cabo un plan de saneamiento, porque de lo contrario el Ayuntamiento no podría hacer la aportación económica.
Prado achacó la situación "a la pésima gestión política que llevó a cabo Xosé Manuel Iglesias en estos últimos años", y lo acusó de utilizar Incolsa "más que para situar la ciudad en el mercado turístico internacional, para promocionarse a sí mismo en el mercado electoral local".
Asimismo, señaló, "el alcalde es corresponsable de esta situación, porque es conocedor de la misma a través del informe presentado por Gaztelumendi ante la intervención de Raxoi".
Por su parte, Xosé Manuel Iglesias recordó que Incolsa no genera recursos propios, "está pensada para invertir en la promoción de la ciudad". De esta forma, reiteró que la situación se debía no a una mala gestión, sino "a convenios fallidos con la Xunta y la Diputación".
Además, destacó que el informe de Gaztelumendi se elaboró "cuando ya no era gerente", y aseguró que la situación es reversible con la aportación del Ayuntamiento, "como se hizo en tiempos con las otras empresas municipales". Iglesias cifró en un millón la cantidad necesaria para equilibrar las cuentas.
Con todo, se mostró optimista sobre la posibilidad de combinar la garantía de futuro de la empresa con la inversión en promoción necesaria para 2010.

ENCAJE LEGAL

En busca de posibles soluciones
"La situación financiera es seria", afirmó ayer el alcalde, Sánchez Bugallo, quien achacó el problema a la falta de materialización de unos ingresos reconocidos, que se fueron invirtiendo a lo largo del año. En cualquier caso, ratificó que el Ayuntamiento está buscando el encaje económico de este millón de euros, "que nos obligará a recortar gastos en otras áreas". En cuanto al informe, recordó que fue emitido por Gaztelumendi cuando ya había presentado la renuncia .

Las frases
Paula prado Concejala del Partido Popular
"La situación es resultado de la pésima gestión política que llevó a cabo el concejal de Turismo en estos últimos años. Hace falta un plan de saneamiento" .

Para Iglesias, el informe de Gaztelumendi no es tal, sino un escrito realizado por este, «un cidadán», cuando ya no era gerente de Incolsa, pues dicen que llegó al Concello después de haber dejado el cargo, aunque fechado mientras aún lo ostentaba. Pero no por ello el edil deja de asumir que la empresa carece ahora de capacidad para hacer promoción directa, como advertía el ahora ex gerente.
Según Prado, la actividad promocional «está paralizada», y a seis meses del Xacobeo. Sin embargo, Iglesias dice que se mantiene la convenida con otros organismos, como Turespaña, aunque asume que en esta situación hay que prorizar, y que se mantendrá «a de acción directa nosa cando esteamos ben».

lunes, 8 de junio de 2009

El PP gana las elecciones por casi cuatro puntos


El Partido Popular logra 23 eurodiputados y consigue un 42,23% de los votos. Gana al PSOE por cuatro puntos.

Según los datos ofrecidos por el ministerio del Interior, con el 100,00% escrutado, El PP gana por casi cuatro puntos y obtiene 23 escaños, frente a los 21 de los socialistas; los dos de IU; los dos de Coalición por Europa; un escaño de UPyD y uno de Europa de los Pueblos.

La participación registrada en las elecciones al Parlamento Europeo es de un 45,81% de las 34.257.912 personas llamadas a votar, frente al 45,14% de participación registrado al cierre de los colegios en los mismos comicios de 2004. España elige en estos comicios europeos 50 eurodiputados de un total de 738 que componen la cámara. Cuando se ratifique el Tratado de Lisboa el total del eurodiputados con los que contará nuestro país será de 54 de un total de 751 parlamentarios.

El Partido Popular ha logrado el 42,23 por ciento de los votos, casi 4 puntos porcentuales por encima del Partido Socialista, que ha obtenido un 38,51 por ciento de los votos. El PP consigue 23 de los 50 escaños que estaban en liza como representación de España en la Eurocámara.



miércoles, 3 de junio de 2009

RICARDO, JESÚS...OS VOY A ECHAR DE MENOS.



Feijoo ha incorporado en el equipo de altos cargos de su gobierno a mis compañeros Jesús Gamallo y Ricardo García-Borregón. Les deseo los mejores éxitos en el reto de participar en el gobierno de la Xunta en esta época tan complicada.

SUERTE!!

Pero... os voy a echar de menos. Besos

martes, 12 de mayo de 2009

EL PP APOYARÁ EL TEXTO ALTERNATIVO AL ABORTO DE LOS COLECTIVOS PRO VIDA


La mayoría popular respaldará la iniciativa para el acompañamiento del embarazo · El PSdeG advierte del "oportunismo" de la propuesta y el Bloque señala el "trasfondo antiabortista" que encierra una "formulación amable"
El Correo Gallego




R. LIZCANO • SANTIAGO
En diciembre de 2007 los promotores de la iniciativa popular registraron en el Parlamento gallego 25.000 firmas de apoyo a su texto.
Veinticuatro años después de que la legislación española despenalizase el aborto, el debate sobre la interrupción del embarazo sigue vivo. En plena discusión sobre la puesta al día de esa primera norma del 85, el Parlamento gallego debate hoy la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por una "rede de apoio á muller embaraza" que impulsan el Foro Galego da Familia y 25.000 firmas.
Coloma Viúdez, portavoz del colectivo pro vida, defenderá ante el Pleno un texto que recibirá los votos de la mayoría popular y, con ellos, la oportunidad de continuar su camino hacia la conversión en ley. En frente, tendrá a PSdeG y BNG, contrarios a pasar por alto las "tesis antiabortistas subxacentes" y a participar en un debate que presente aborto y defensa de la maternidad como posiciones "contrapuestas".

"É unha iniciativa bienintencionada, que non vai contra ninguén nin contra a lexilación vixente", dice Paula Prado, diputada del PPdeG. Su grupo, explica, comparte en esencia la necesidad de una red de apoyo fortalecida para la mujer que afronte con dificultades un embarazo no planificado. La iniciativa, mantiene Prado, se enmarca en la "igualdade de oportunidades que recolle o artigo 9.2 da Constitución" entanto sirve para contrarrestar los obstáculos que la mujer puede encontrar para continuar con su embarazo.

El PSdeG entiende sin embargo que la propuesta encierra un debate "oportunista e non aconsellable, por enfrontar aborto con defensa da maternidade". El texto, que en su exposición de motivos se refiere a la interrupción del embarazo como la primera causa de mortalidad en España, "viene muy posicionado" y olvida, en opinión de Laura Seara, las medidas de apoyo a la familia ("a todos os tipos de familia", matiza) promovidas desde el Gobierno central y por la Xunta bipartita, como la ampliación del permiso de maternidad, la adaptación de las condiciones laborales ante un embarazo de riesgo o el subsidio no contributivo para las mujeres embarazadas sin cotización suficiente.
El apoyo a la familia, dice, no está reñido con el derecho de la mujer a decidir sobre la continuidad o no de su embarazo, una decisión que, añade, "é íntima e persoal, e non depende unicamente de razóns socioeconómicas, que son as que recolle o texto". Además, Seara cree que, con 78 Centros de Información á Muller (CIM) trabajando, cuatro casas de acogida y dos teléfonos de información, la petición carece de justificación.
En posiciones próximas se manifestará el Bloque, que entiende que la creación de un servicio de apoyo a la mujer embarazada significaría "duplicar unha rede que xa existe con carácter integral". En palabras de Ana Pontón, "baixo unha formulación amable a iniciativa presenta un trasfondo ideolóxico antiabortista claro, ata considerar asesinato a interrupción do embarazo e a intervención en si unha actividade delictiva".
Veinticuatro horas antes del debate, la portavoz de la Fundación Red Madre del Foro Español de la Familia, Esperanza Puente, reclamaba desde Santiago el apoyo de las fuerzas políticas para recuperar "un derecho que se está vulnerando sistemáticamente desde hace más de 20 años". Puente ofreció ayer una charla en la facultad de Derecho de Santiago titulada Realidad del aborto, derechos y libertades y antes denunció en rueda de prensa que "en España no se aborta voluntariamente, sino con mucha presión social".
"Importamos un comino"
La portavoz de Red Madre reclamó el esfuerzo de la Administración para "dar a conocer también las redes de apoyo para que las mujeres puedan decidir con discernimiento y con libertades". "Después de un aborto, lo que se ha perdido es un hijo, y eso no nos lo ha contado antes nadie", afirmó Esperanza Puente, que cargó contra los profesionales que participan en las IVE y contra los "expertos de la muerte" que participan en la comisión que estudia la reforma de la actual regulación del aborto. "Les importamos un absoluto comino", señaló la portavoz de Red Madre, que recordó su propia experiencia como un hecho "devastador": "Me dejó los restos de mi hijo decapitado al lado", dijo.
Castilla y León y Valencia han aprobado iniciativas como esta. Andalucía, Navarra y Aragón han votado en contra. Entre otras cuestiones, el texto propone la adaptación de los planes de estudio para menores de 30 años embarazadas o que en todos los centros de orientación se informe del "síndrome post-aborto".

BUGALLO EXPULSA AL PP DEL PLENO

EL ESCÁNDALO DE INCOLSA