MAYORIA DE DIPUTADAS EN EL PARLAMENTO DE GALICIA

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA AUTONOMÍA

UNA OPOSICIÓN SIN PROPUESTAS E INSTALADA EN EL "NO POR EL NO".

UN GOBIERNO QUE LLEVA A CABO MEDIDAS PARA PALIAR LA CRISIS Y NO MIENTE A LOS GALLEGOS

La mitad de los nuevos policías de Galicia vigilarán la violencia machista

El Gobierno gallego se compromete a desarrollar la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007 por el bipartito

















La mitad de los nuevos agentes de la Policía Autonómica de Galicia irán destinados al ámbito de la violencia machista y de la protección de menores, según informó ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. El conselleiro, que había solicitado al Ministerio de Justicia una ampliación de 500 agentes para la unidad adscrita a la Policía Autonómica, destacó "la voluntad" de la actual Xunta de desarrollar "en esta legislatura" la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007. Rueda aseguró que "no existe relajamiento" en la lucha del Gobierno autonómico contra "esta lacra social" y añadió que, en los presupuestos de 2010, han incrementado los fondos para la concesión de ayudas periódicas a las víctimas y dirigido un 19% más del presupuesto a la partida asignada a los programas de protección. En cuanto a las medidas que la Xunta planea poner en marcha, el responsable de Presidencia hizo referencia al desarrollo de un programa de atención psicológica específica a los menores que se encuentren en casas de acogida y a un proyecto "experimental" sobre el fomento de la igualdad, que se desarrollará de forma conjunta con Castilla-León y Portugal.

Previamente a la intervención Parlamentaria de Rueda, la diputada del BNG Ana Pontón denunció "los pasos negativos" que la Xunta había desarrollado en esta materia. así, recordó "el despido de 64 personas" que trabajaban en los equipos de igualdad de las oficinas adscritas al Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar.

Desde el PSdeG, la diputada Laura Seara acusó al Gobierno gallego de haber "retirado la igualdad de la agenda política", argumentando que "no han promovido ni una sola medida nueva" desde su llegada a la Xunta. Además, la socialista manifestó tener constancia de que beneficiarias de la ayuda económica periódica a víctimas -salario de la libertad- "no la cobraban desde abril".

Finalmente, la diputada del PP Paula Prado también hizo referencia al salario de la libertad, promovido por el gobierno del bipartito, y lo tildó de "estafa" al asegurar que "requiere de una convivencia entre víctima y agresor", que no existe después de que el juez dicte una orden de alejamiento contra éste último.

EL FISCAL SUPERIOR DE GALICIA PRESENTA SU MEMORIA DE 2008 EN EL PARLAMENTO

Aunque las intervenciones de los grupos parlamentarios se centraron principalmente en alabar y analizar el trabajo de la Fiscalía Superior, las diputadas no pudieron evitar unos mínimos cruces de acusaciones. Así, Beatriz Sestayo preguntó a Varela si, como representante del Ministerio Fiscal, se sentía "presionado" por alguien para "perseguir" a cargos del PPdeG, en alusión a las críticas efectuadas a raíz de casos como el Gürtel.Desde las filas populares, la diputada Paula Prado respondió a la socialista señalando que las críticas vertidas desde el PP se encaminan al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "y no son trasladables a otras figuras fiscales, que no decimos que no actúen con imparcialidad". Además, la parlamentaria pidió al PSdeG que tenga "memoria histórica" y no olvide que con gobiernos estatales anteriores, ellos mismos criticaron al anterior fiscal general, Jesús Cardenal.


El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, puso de manifiesto en el Parlamento la necesidad de crear una ley autonómica de mediación, que regule y ampare la aplicación de estos procesos en conflictos que afectan al ámbito privado y esferas de proximidad, como cuestiones vecinales, de familia o incluso los referidos a menores. "No deberÍamos pasar un minuto más sIn preocuparnos por esta cuestión" resaltó.Varela, que presentó ante la Comisión 1ª la memoria de la Fiscalía Superior de 2008, defendió que hay que tener presente la idea de que "no sólo hay justicia donde hay tribunales" y que por tanto "no todos los litigios deben ser resueltos por los tribunales", por lo que apostó por dar un impulso a fórmulas como la mediación o el arbitraje.Además de la descarga de trabajo que para las unidades judiciales puedan suponer estos sistemas, el fiscal incidió en que se trata de medios "absolutamente necesarios" cuando se trata de casos "en los que las partes tienen que seguir manteniendo una relación personal", en los que resulta beneficiosa la intervención de psicólogos.Varela expuso que ya existen experiencias de probada eficacia. Así, destacó que en el 95% de los casos en los que se han aplicado soluciones extraprocesuales, del tipo de la conciliación y la mediación, con menores, estos no han vuelto a delinquir. También puso como ejemplo el programa de mediación intrajudicial puesto en marcha para los procesos de familia en el juzgado número 6 de Santiago, que logró que los acuerdos obtenidos por mediación fuesen aceptados en el 50% de los casos, cifra muy superior a la obtenida por experiencias similares de otras comunidades autónomas.Por ello, Varela pidió la continuidad de este convenio --firmado entre la Vicepresidencia del bipartito, el Ministerio Fiscal, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y el Colexio Oficial de Avogados de Santiago-- y abogó también por hacerlo extensivo a otras provincias, de modo que Galicia se sitúe en una "posición de vanguardia" en la implantación de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos "al menos en los procesos de familia y menores".

Las representantes de los tres grupos parlamentarios --PPdeG, PSdeG y BNG-- se mostraron de acuerdo con la propuesta del fiscal de buscar un nuevo concepto de justicia más "diversificado" con "soluciones informales" como la mediación y el arbitraje, que permitan "diversidad de respuesta". Los tres partidos también se sumaron a la preocupación expresada por el fiscal superior ante la "dificultad" de ejecutar las penas impuestas basadas en trabajos en beneficio de la comunidad, que Varela vinculó a la "insuficiencia de puestos de trabajo a los que destinar a los penados".
Organización y especialización
Donde también hubo coincidencia fue en la necesidad de afrontar una reforma de la organización territorial de la Justicia en Galicia. Desde el grupo popular se destacó que la nuestra es la tercera comunidad con más número de partidos judiciales (45) y que las nuevas vías de comunicación permiten pensar en una nueva distribución más racional. Por su parte, el BNG reclamó para Galicia las competencias de organización y definición de la planta judicial.Carlos Varela abogó por una "nueva geografía de la Justicia", asentada en la comarca como célula básica. Los tribunales comarcales se harían cargo de la "pequeña litigiosidad" y los llamados conflictos "de baja densidad", actuando como una justicia "de proximidad" y liberando a instancias superiores para dar una atención más especializada."Si la delincuencia es compleja y el órgano que la atiende no está muy especializado la respuesta no va a ser de gran altura" señaló el fiscal superior, que abogó por ir hacia las unidades judiciales especializadas, huyendo del "juez generalista" y buscando el apoyo de equipos periciales y policiales con formación específica.

Además del ámbito económico, la dedicación temática se resaltó como muy importante a la hora de abordar los casos de violencia de género, delito que en 2008 generó 6.963 procedimientos en Galicia, de los que el 24,80% correspondieron a juicios rápidos. En 1.447 de ellos, el Ministerio Fiscal llegó a la fase de calificación, y se emitieron un total de 1.175 sentencias, de las que el 61,61% fueron condenatorias.Además de la actuación puramente judicial, Carlos Varela incidió en la puesta en marcha de los informes de valoración integral, que incluyen una valoración del riesgo potencial en el que se encuentra la víctima en distintos momentos del proceso, como por ejemplo a la hora de dictar prisión provisional o una puesta en libertad. Las unidades encargadas de este tratamiento integral comenzaron a funcionar en el verano de 2008, y desde la Fiscalía Superior se espera que sean útiles a la hora de predecir y atajar situaciones de peligro.

EL PP APOYARÁ EL TEXTO ALTERNATIVO AL ABORTO DE LOS COLECTIVOS PRO VIDA

La mayoría popular respaldará la iniciativa para el acompañamiento del embarazo · El PSdeG advierte del "oportunismo" de la propuesta y el Bloque señala el "trasfondo antiabortista" que encierra una "formulación amable"
El Correo Gallego




R. LIZCANO • SANTIAGO
En diciembre de 2007 los promotores de la iniciativa popular registraron en el Parlamento gallego 25.000 firmas de apoyo a su texto.
Veinticuatro años después de que la legislación española despenalizase el aborto, el debate sobre la interrupción del embarazo sigue vivo. En plena discusión sobre la puesta al día de esa primera norma del 85, el Parlamento gallego debate hoy la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por una "rede de apoio á muller embaraza" que impulsan el Foro Galego da Familia y 25.000 firmas.
Coloma Viúdez, portavoz del colectivo pro vida, defenderá ante el Pleno un texto que recibirá los votos de la mayoría popular y, con ellos, la oportunidad de continuar su camino hacia la conversión en ley. En frente, tendrá a PSdeG y BNG, contrarios a pasar por alto las "tesis antiabortistas subxacentes" y a participar en un debate que presente aborto y defensa de la maternidad como posiciones "contrapuestas".

"É unha iniciativa bienintencionada, que non vai contra ninguén nin contra a lexilación vixente", dice Paula Prado, diputada del PPdeG. Su grupo, explica, comparte en esencia la necesidad de una red de apoyo fortalecida para la mujer que afronte con dificultades un embarazo no planificado. La iniciativa, mantiene Prado, se enmarca en la "igualdade de oportunidades que recolle o artigo 9.2 da Constitución" entanto sirve para contrarrestar los obstáculos que la mujer puede encontrar para continuar con su embarazo.

El PSdeG entiende sin embargo que la propuesta encierra un debate "oportunista e non aconsellable, por enfrontar aborto con defensa da maternidade". El texto, que en su exposición de motivos se refiere a la interrupción del embarazo como la primera causa de mortalidad en España, "viene muy posicionado" y olvida, en opinión de Laura Seara, las medidas de apoyo a la familia ("a todos os tipos de familia", matiza) promovidas desde el Gobierno central y por la Xunta bipartita, como la ampliación del permiso de maternidad, la adaptación de las condiciones laborales ante un embarazo de riesgo o el subsidio no contributivo para las mujeres embarazadas sin cotización suficiente.
El apoyo a la familia, dice, no está reñido con el derecho de la mujer a decidir sobre la continuidad o no de su embarazo, una decisión que, añade, "é íntima e persoal, e non depende unicamente de razóns socioeconómicas, que son as que recolle o texto". Además, Seara cree que, con 78 Centros de Información á Muller (CIM) trabajando, cuatro casas de acogida y dos teléfonos de información, la petición carece de justificación.
En posiciones próximas se manifestará el Bloque, que entiende que la creación de un servicio de apoyo a la mujer embarazada significaría "duplicar unha rede que xa existe con carácter integral". En palabras de Ana Pontón, "baixo unha formulación amable a iniciativa presenta un trasfondo ideolóxico antiabortista claro, ata considerar asesinato a interrupción do embarazo e a intervención en si unha actividade delictiva".
Veinticuatro horas antes del debate, la portavoz de la Fundación Red Madre del Foro Español de la Familia, Esperanza Puente, reclamaba desde Santiago el apoyo de las fuerzas políticas para recuperar "un derecho que se está vulnerando sistemáticamente desde hace más de 20 años". Puente ofreció ayer una charla en la facultad de Derecho de Santiago titulada Realidad del aborto, derechos y libertades y antes denunció en rueda de prensa que "en España no se aborta voluntariamente, sino con mucha presión social".
"Importamos un comino"
La portavoz de Red Madre reclamó el esfuerzo de la Administración para "dar a conocer también las redes de apoyo para que las mujeres puedan decidir con discernimiento y con libertades". "Después de un aborto, lo que se ha perdido es un hijo, y eso no nos lo ha contado antes nadie", afirmó Esperanza Puente, que cargó contra los profesionales que participan en las IVE y contra los "expertos de la muerte" que participan en la comisión que estudia la reforma de la actual regulación del aborto. "Les importamos un absoluto comino", señaló la portavoz de Red Madre, que recordó su propia experiencia como un hecho "devastador": "Me dejó los restos de mi hijo decapitado al lado", dijo.
Castilla y León y Valencia han aprobado iniciativas como esta. Andalucía, Navarra y Aragón han votado en contra. Entre otras cuestiones, el texto propone la adaptación de los planes de estudio para menores de 30 años embarazadas o que en todos los centros de orientación se informe del "síndrome post-aborto".

PRIMERA REUNIÓN GRUPO PARLAMENTARIO