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martes, 22 de junio de 2010

El PP acusa al PSOE y al BNG de "no respetar" a las mujeres que no desean abortar

(22-06-2010)
El pleno del Parlamento gallego vive una trifulca durante el debate de la ley para crear una red de apoyo a mujeres embarazadas, a instancia de una iniciativa legislativa popular promovida por asociaciones antiabortistas.

El último pleno ordinario de este período de sesiones en el Parlamento gallego --sobre la ley para crear una red de apoyo a mujeres embarazadas, a instancia de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por asociaciones antiabortistas-- se convirtió en una trifulca entre los grupos: PSdeG y BNG se enfrentaron con dureza al PP, que les acusó de "no respetar la voluntad" de las mujeres que no deciden abortar.
El ambiente fue tenso desde primera hora en el Pazo de O Hórreo, donde los populares aprobaron en solitario el texto de la ley y hasta donde se desplazaron varios grupos feministas, así como miembros de la Red Madre, para participar en el debate. Previamente, un grupo de feministas se manifestaron a la entrada de la Cámara portando pancartas con lemas como 'No vamos a permitir que nos pongan a parir'.
Sin embargo, el detonante del enfrentamiento entre los grupos fue la intervención de la diputada popular Paula Prado, que provocó la indignación en las filas de socialistas y nacionalistas. "Son ustedes, el PSOE y el BNG, los que no respetan la libre voluntad y la decisión de las mujeres que, en vez de abortar, prefieren seguir adelante con su embarazo; y esas mujeres son, precisamente, a las que queremos ayudar", proclamó.
La sentencia, muy aplaudida por los populares, tuvo como respuesta los gritos de la oposición al entender que se les imputaba "la comisión de un delito" --por "obligar" a abortar-- y una demanda de intervención por parte del diputado del PSdeG Modesto Pose, que no autorizó la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, quien, concluido el turno de Prado reprobó que no se escuche "con respeto" a los diputados.
De hecho, Rojo consideró "inaudito y absolutamente impresentable" lo ocurrido durante la intervención de la diputada popular y reclamó "reflexión", antes de dar paso al turno de réplica, que la diputada del BNG Ana Pontón aprovechó para "rogarle" la retirada el diario de sesiones la "acusación del PP sobre la comisión de un delito", sin obtener respuesta.
"Porque obligar a abortar es un delito", apostilló la nacionalista, quien aclaró que el BNG defiende el aborto como "derecho" y no como "obligación". En la línea, se pronunció la parlamentaria del PSdeG Silvia Fraga: "¿Cómo se atreve a decir que no respetamos a las mujeres?", preguntó y agregó que es el PP el que pretende "forzar a la mujer a tener hijos" . "Y no vamos a permitir que nos pongan a parir", remarcó.
Además, los grupos de la oposición sugirieron en sus intervenciones que esta normativa financiará campañas de adopción, tal y como recoge la ley, con lo que socialistas y nacionalistas cuestionaron el modelo de maternidad que defiende el PPdeG al incluir este extremo en la legislación.

"Financiar una red antiabortista"

Del mismo modo, socialistas y nacionalistas criticaron con dureza el texto de la ley, por entender que tras una apariencia "inofensiva" esconde la "puesta en marcha y financiación" de una "red antiabortista privada" y "boicotear" la puesta en marcha de la Ley del Aborto, aprobada por el Gobierno central.
"Desmantelan lo público y financian redes privadas que benefician a amigos del PP; quieren pagar favores con una red paralela", denunció Silvia Fraga, una visión que aseguró compartir Ana Pontón, quien censuró la "hipocresía oceánica" de los populares.
La nacionalista alertó, además, de que la ley "retrotrae, con conceptos rancios, una carga de moralidad que no debería formar parte de ninguna ley". La nacionalista insistió en que la norma "no amplía derechos", sino que supone "un retroceso de décadas y una agresión para los derechos de las mujeres". "Quieren colar por la puerta de atrás conceptos para ganar en los tribunales lo que no ganan en la sociedad", remarcó.
Frente a ello, en su segunda intervención, Paula Prado se ratificó en sus palabras --con respecto a la acusación de "no respetar" la voluntad de las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo-- y rechazó la carga "ideológica" que la oposición atribuyó a la ley.
"Crear esta red no es una iniciativa ideológica, es de sentido común para todos los que creemos en el Estado social", esgrimió la portavoz popular, quien justificó el apoyo de su grupo a la ley y defendió también la maternidad como pilar fundamental para el "futuro" de Galicia.
"¿Podemos permanecer indiferentes ante su grave problema demográfico?", se preguntó Prado, ignorando las risas de las bancadas de PSdeG y BNG, y agregó que es "absurdo" ver "fantasmas" donde hay "recursos sociales". "Con esta ley se puede seguir con el aborto pero habrá dos caminos", argumentó y pidió "no imponer conductas, sino ofrecer oportunidades".

"Gran día" Para Red Madre y críticas feministas

Al término del debate y tras la aprobación del texto, la portavoz de Red Madre, Coloma Viúdez, manifestó su satisfacción por la aprobación del texto y felicitó a las mujeres gallegas porque, desde hoy, "tendrán la posibilidad de elegir". "Hoy es un gran día", proclamó.
Del mismo modo, rechazó las críticas de la oposición, por las que dijo sentirse "muy dolida". "Me duele, sobre todo, la disociación de lo que plantean aquí y de lo que se opina en la calle, les sorprendería saber cuántos de sus partidos han firmado la ILP", señaló Viúdez.
Frente a ello, el grupo de feministas que contempló el debate abandonó el hemiciclo gritando la proclama 'Somos personas, no incubadoras'. Previamente, la presidenta instó a algunas de ellas a salir por interrumpir el discurso de Paula Prado.
Además, las diputadas socialistas lucieron durante todo el debate una camiseta violeta con el lema "vivir es decidir", que algunos de sus compañeros --Abel Losada, Francisco Cerviño, José Manuel Lage y Modesto Pose-- situaron también delante de sus respectivos escaños.

Texto de la ley

El texto de la normativa, impulsada por asociaciones como el Foro de la Familia, recoge el "derecho a la vida en formación desde la concepción" y tiene como objetivos propiciar el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo y sanitario o asistencial para que garantizar y preservar el derecho de la mujer gestante a culminar su embarazo.
Así, en sus nueve artículos establece su ámbito de aplicación, el derecho a la información, los recursos o la colaboración entre las administraciones. Uno de los aspectos eliminados fue la concepción de aborto como "defunción" de la exposición de motivos de la normativa. Serán beneficiaras de la ley las mujeres gestantes en especial situación de riesgo, las menores de edad, las que se encuentran cursando estudios y son menores de 30 años, las discapacitadas y las inmigrantes.
Además, la ley establece que las convocatorias de la Xunta en materia de servicios sociales considerarán "circunstancia prioritaria" que alguna de las beneficiarias sea una mujer gestante.
Al margen del articulado, las disposiciones finales recoge que el Ejecutivo autonómico elaborará un plan integral de apoyo a la mujer embarazada, en el plazo de un año, en el que se incluirán las acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de la red y que suponga poner a disposición de la mujer embarazada recursos de tipo sanitario, social, educativo o cualquier otro.

martes, 12 de mayo de 2009

EL PP APOYARÁ EL TEXTO ALTERNATIVO AL ABORTO DE LOS COLECTIVOS PRO VIDA


La mayoría popular respaldará la iniciativa para el acompañamiento del embarazo · El PSdeG advierte del "oportunismo" de la propuesta y el Bloque señala el "trasfondo antiabortista" que encierra una "formulación amable"
El Correo Gallego




R. LIZCANO • SANTIAGO
En diciembre de 2007 los promotores de la iniciativa popular registraron en el Parlamento gallego 25.000 firmas de apoyo a su texto.
Veinticuatro años después de que la legislación española despenalizase el aborto, el debate sobre la interrupción del embarazo sigue vivo. En plena discusión sobre la puesta al día de esa primera norma del 85, el Parlamento gallego debate hoy la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por una "rede de apoio á muller embaraza" que impulsan el Foro Galego da Familia y 25.000 firmas.
Coloma Viúdez, portavoz del colectivo pro vida, defenderá ante el Pleno un texto que recibirá los votos de la mayoría popular y, con ellos, la oportunidad de continuar su camino hacia la conversión en ley. En frente, tendrá a PSdeG y BNG, contrarios a pasar por alto las "tesis antiabortistas subxacentes" y a participar en un debate que presente aborto y defensa de la maternidad como posiciones "contrapuestas".

"É unha iniciativa bienintencionada, que non vai contra ninguén nin contra a lexilación vixente", dice Paula Prado, diputada del PPdeG. Su grupo, explica, comparte en esencia la necesidad de una red de apoyo fortalecida para la mujer que afronte con dificultades un embarazo no planificado. La iniciativa, mantiene Prado, se enmarca en la "igualdade de oportunidades que recolle o artigo 9.2 da Constitución" entanto sirve para contrarrestar los obstáculos que la mujer puede encontrar para continuar con su embarazo.

El PSdeG entiende sin embargo que la propuesta encierra un debate "oportunista e non aconsellable, por enfrontar aborto con defensa da maternidade". El texto, que en su exposición de motivos se refiere a la interrupción del embarazo como la primera causa de mortalidad en España, "viene muy posicionado" y olvida, en opinión de Laura Seara, las medidas de apoyo a la familia ("a todos os tipos de familia", matiza) promovidas desde el Gobierno central y por la Xunta bipartita, como la ampliación del permiso de maternidad, la adaptación de las condiciones laborales ante un embarazo de riesgo o el subsidio no contributivo para las mujeres embarazadas sin cotización suficiente.
El apoyo a la familia, dice, no está reñido con el derecho de la mujer a decidir sobre la continuidad o no de su embarazo, una decisión que, añade, "é íntima e persoal, e non depende unicamente de razóns socioeconómicas, que son as que recolle o texto". Además, Seara cree que, con 78 Centros de Información á Muller (CIM) trabajando, cuatro casas de acogida y dos teléfonos de información, la petición carece de justificación.
En posiciones próximas se manifestará el Bloque, que entiende que la creación de un servicio de apoyo a la mujer embarazada significaría "duplicar unha rede que xa existe con carácter integral". En palabras de Ana Pontón, "baixo unha formulación amable a iniciativa presenta un trasfondo ideolóxico antiabortista claro, ata considerar asesinato a interrupción do embarazo e a intervención en si unha actividade delictiva".
Veinticuatro horas antes del debate, la portavoz de la Fundación Red Madre del Foro Español de la Familia, Esperanza Puente, reclamaba desde Santiago el apoyo de las fuerzas políticas para recuperar "un derecho que se está vulnerando sistemáticamente desde hace más de 20 años". Puente ofreció ayer una charla en la facultad de Derecho de Santiago titulada Realidad del aborto, derechos y libertades y antes denunció en rueda de prensa que "en España no se aborta voluntariamente, sino con mucha presión social".
"Importamos un comino"
La portavoz de Red Madre reclamó el esfuerzo de la Administración para "dar a conocer también las redes de apoyo para que las mujeres puedan decidir con discernimiento y con libertades". "Después de un aborto, lo que se ha perdido es un hijo, y eso no nos lo ha contado antes nadie", afirmó Esperanza Puente, que cargó contra los profesionales que participan en las IVE y contra los "expertos de la muerte" que participan en la comisión que estudia la reforma de la actual regulación del aborto. "Les importamos un absoluto comino", señaló la portavoz de Red Madre, que recordó su propia experiencia como un hecho "devastador": "Me dejó los restos de mi hijo decapitado al lado", dijo.
Castilla y León y Valencia han aprobado iniciativas como esta. Andalucía, Navarra y Aragón han votado en contra. Entre otras cuestiones, el texto propone la adaptación de los planes de estudio para menores de 30 años embarazadas o que en todos los centros de orientación se informe del "síndrome post-aborto".

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