Aunque las intervenciones de los grupos parlamentarios se centraron principalmente en alabar y analizar el trabajo de la Fiscalía Superior, las diputadas no pudieron evitar unos mínimos cruces de acusaciones. Así, Beatriz Sestayo preguntó a Varela si, como representante del Ministerio Fiscal, se sentía "presionado" por alguien para "perseguir" a cargos del PPdeG, en alusión a las críticas efectuadas a raíz de casos como el Gürtel.Desde las filas populares, la diputada Paula Prado respondió a la socialista señalando que las críticas vertidas desde el PP se encaminan al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "y no son trasladables a otras figuras fiscales, que no decimos que no actúen con imparcialidad". Además, la parlamentaria pidió al PSdeG que tenga "memoria histórica" y no olvide que con gobiernos estatales anteriores, ellos mismos criticaron al anterior fiscal general, Jesús Cardenal.
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, puso de manifiesto en el Parlamento la necesidad de crear una ley autonómica de mediación, que regule y ampare la aplicación de estos procesos en conflictos que afectan al ámbito privado y esferas de proximidad, como cuestiones vecinales, de familia o incluso los referidos a menores. "No deberÍamos pasar un minuto más sIn preocuparnos por esta cuestión" resaltó.Varela, que presentó ante la Comisión 1ª la memoria de la Fiscalía Superior de 2008, defendió que hay que tener presente la idea de que "no sólo hay justicia donde hay tribunales" y que por tanto "no todos los litigios deben ser resueltos por los tribunales", por lo que apostó por dar un impulso a fórmulas como la mediación o el arbitraje.Además de la descarga de trabajo que para las unidades judiciales puedan suponer estos sistemas, el fiscal incidió en que se trata de medios "absolutamente necesarios" cuando se trata de casos "en los que las partes tienen que seguir manteniendo una relación personal", en los que resulta beneficiosa la intervención de psicólogos.Varela expuso que ya existen experiencias de probada eficacia. Así, destacó que en el 95% de los casos en los que se han aplicado soluciones extraprocesuales, del tipo de la conciliación y la mediación, con menores, estos no han vuelto a delinquir. También puso como ejemplo el programa de mediación intrajudicial puesto en marcha para los procesos de familia en el juzgado número 6 de Santiago, que logró que los acuerdos obtenidos por mediación fuesen aceptados en el 50% de los casos, cifra muy superior a la obtenida por experiencias similares de otras comunidades autónomas.Por ello, Varela pidió la continuidad de este convenio --firmado entre la Vicepresidencia del bipartito, el Ministerio Fiscal, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y el Colexio Oficial de Avogados de Santiago-- y abogó también por hacerlo extensivo a otras provincias, de modo que Galicia se sitúe en una "posición de vanguardia" en la implantación de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos "al menos en los procesos de familia y menores".
Las representantes de los tres grupos parlamentarios --PPdeG, PSdeG y BNG-- se mostraron de acuerdo con la propuesta del fiscal de buscar un nuevo concepto de justicia más "diversificado" con "soluciones informales" como la mediación y el arbitraje, que permitan "diversidad de respuesta". Los tres partidos también se sumaron a la preocupación expresada por el fiscal superior ante la "dificultad" de ejecutar las penas impuestas basadas en trabajos en beneficio de la comunidad, que Varela vinculó a la "insuficiencia de puestos de trabajo a los que destinar a los penados".
Organización y especialización
Donde también hubo coincidencia fue en la necesidad de afrontar una reforma de la organización territorial de la Justicia en Galicia. Desde el grupo popular se destacó que la nuestra es la tercera comunidad con más número de partidos judiciales (45) y que las nuevas vías de comunicación permiten pensar en una nueva distribución más racional. Por su parte, el BNG reclamó para Galicia las competencias de organización y definición de la planta judicial.Carlos Varela abogó por una "nueva geografía de la Justicia", asentada en la comarca como célula básica. Los tribunales comarcales se harían cargo de la "pequeña litigiosidad" y los llamados conflictos "de baja densidad", actuando como una justicia "de proximidad" y liberando a instancias superiores para dar una atención más especializada."Si la delincuencia es compleja y el órgano que la atiende no está muy especializado la respuesta no va a ser de gran altura" señaló el fiscal superior, que abogó por ir hacia las unidades judiciales especializadas, huyendo del "juez generalista" y buscando el apoyo de equipos periciales y policiales con formación específica.
Además del ámbito económico, la dedicación temática se resaltó como muy importante a la hora de abordar los casos de violencia de género, delito que en 2008 generó 6.963 procedimientos en Galicia, de los que el 24,80% correspondieron a juicios rápidos. En 1.447 de ellos, el Ministerio Fiscal llegó a la fase de calificación, y se emitieron un total de 1.175 sentencias, de las que el 61,61% fueron condenatorias.Además de la actuación puramente judicial, Carlos Varela incidió en la puesta en marcha de los informes de valoración integral, que incluyen una valoración del riesgo potencial en el que se encuentra la víctima en distintos momentos del proceso, como por ejemplo a la hora de dictar prisión provisional o una puesta en libertad. Las unidades encargadas de este tratamiento integral comenzaron a funcionar en el verano de 2008, y desde la Fiscalía Superior se espera que sean útiles a la hora de predecir y atajar situaciones de peligro.
