La mitad de los nuevos agentes de la Policía Autonómica de Galicia irán destinados al ámbito de la violencia machista y de la protección de menores, según informó ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. El conselleiro, que había solicitado al Ministerio de Justicia una ampliación de 500 agentes para la unidad adscrita a la Policía Autonómica, destacó "la voluntad" de la actual Xunta de desarrollar "en esta legislatura" la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007. Rueda aseguró que "no existe relajamiento" en la lucha del Gobierno autonómico contra "esta lacra social" y añadió que, en los presupuestos de 2010, han incrementado los fondos para la concesión de ayudas periódicas a las víctimas y dirigido un 19% más del presupuesto a la partida asignada a los programas de protección. En cuanto a las medidas que la Xunta planea poner en marcha, el responsable de Presidencia hizo referencia al desarrollo de un programa de atención psicológica específica a los menores que se encuentren en casas de acogida y a un proyecto "experimental" sobre el fomento de la igualdad, que se desarrollará de forma conjunta con Castilla-León y Portugal.
Previamente a la intervención Parlamentaria de Rueda, la diputada del BNG Ana Pontón denunció "los pasos negativos" que la Xunta había desarrollado en esta materia. así, recordó "el despido de 64 personas" que trabajaban en los equipos de igualdad de las oficinas adscritas al Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar.
Desde el PSdeG, la diputada Laura Seara acusó al Gobierno gallego de haber "retirado la igualdad de la agenda política", argumentando que "no han promovido ni una sola medida nueva" desde su llegada a la Xunta. Además, la socialista manifestó tener constancia de que beneficiarias de la ayuda económica periódica a víctimas -salario de la libertad- "no la cobraban desde abril".
Finalmente, la diputada del PP Paula Prado también hizo referencia al salario de la libertad, promovido por el gobierno del bipartito, y lo tildó de "estafa" al asegurar que "requiere de una convivencia entre víctima y agresor", que no existe después de que el juez dicte una orden de alejamiento contra éste último.
