viernes, 25 de diciembre de 2009
domingo, 13 de diciembre de 2009
viernes, 11 de diciembre de 2009
Feijóo niega 'privatizar' los servicios públicos y advierte al BNG de que gestiona con la ley del bipartito
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, negó hoy que su Gobierno esté 'privatizando' los servicios públicos y advirtió a los nacionalistas de que su gestión de este área se sustenta en la Ley de Servicios Sociales de Galicia aprobada por el bipartito 'con los votos del BNG'.
Así respondió a una cuestión formulada en el pleno de la Cámara por el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, quien acusó a la Xunta de 'malvender' a empresas privadas el patrimonio --en referencia a los centros de día-- construido 'con dinero de todos los gallegos' y de 'coaccionar' a los alcaldes para ganar su apoyo.
'No hay privatización; la tarifa, los precios, las prestaciones y la calidad son públicos y la dirección será nombrada por una Administración pública', replicó el mandatario autonómico y proclamó que el logro de su Gobierno será demostrar que los servicios públicos 'también pueden ser eficientes'.
En este punto, reiteró que velará por la 'calidad y eficiencia' de los servicios públicos huyendo 'de la burocracia'. 'A ustedes les gustaba la burocracia, a nosotros nos gusta la asistencia', incidió y, a modo de prueba, señaló que cerrará su primer año de legislatura con 617 nuevas plazas en centros de día, 'un 61 por ciento más' de la oferta que dejó el bipartito.
Asimismo, recordó que el pasado mes de noviembre ya había un total de 19.000 grandes dependientes cobrando en Galicia las prestaciones a las que da derecho la Ley de Dependencia estatal, lo que supera su compromiso de cerrar el año con 18.500 perceptores adquirido por él en la campaña de las autonómicas y significa 'un 60 por ciento más' de lo que el bipartito 'hizo en cuatro años'.
'No sé quien privatiza, pero nosotros no', sentenció Feijóo, cuya afirmación despertó gritos de indignación en las bancadas del BNG, y señaló, a mayores, que el 50 por ciento de las plazas puestas en marcha por el bipartito tiene 'el mismo modelo de gestión indirecta' que utilizará su Gobierno. 'Seguiremos apostando por lo público, un 60 por ciento más de lo público que ustedes', apostilló. 'MALVENDER' PATRIMONIO PÚBLICO
'Si hay un 60 por ciento más, ¿por qué no aparece en la web de la consellería?', replicó Carlos Aymerich y acusó al Gobierno de Feijóo de mantener 'cerrados' centros de día y 'galescolas' --ahora escuelas infantiles-- ya finalizadas por no dotarlas del material y personal necesario para su funcionamiento.
El portavoz parlamentario del BNG recordó que su grupo interrogó al respecto a la Xunta en varias ocasiones sin recibir 'más que insultos, inventivas y descalificativos'. 'Nunca razones', añadió, y subrayó que el motivo se reveló el pasado 26 de noviembre, cuando se supo que el gerente del Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar 'coaccionaba' alcaldes asegurando que 'o se privatiza o no se abre'.
En la línea, se preguntó cómo va la Xunta a 'ahorrar el 25 por ciento que promete' si hay que 'reservar una parte' para el beneficio de las empresas. 'Salvo que se aplique el modelo San Rosendo, de quedarse con el patrimonio de la gente', ironizó e insistió en que la única intención de Feijóo es 'malvender patrimonio pagado con dinero público a empresas que llevan semanas merodeando por el Consorcio y preparando las plicas de la privatización'.
'Su modelo ideológico es el de privatizar como ya hizo en Correos', continuó Aymerich, quien, no obstante, avisó al jefe del Ejecutivo que se encontrará 'en frente' a los alcaldes. 'Y no sólo a los del BNG, también a los del PP', señaló y recordó que regidores 'populares' como los de Pantón o Taboadela ya han manifestado su oposición al modelo de gestión de Feijóo, pese a las 'amenazas' recibidas.
'Y también tendrá en frente a la ciudadanía', advirtió antes de colocar sobre su mesa una caja que, según dijo, contenía 15.000 firmas de trabajadores y familiares en contra del modelo de gestión propuesto por la Administración autonómica. 'HIPOCRESÍA POLÍTICA'
Tras el acto reivindicativo de Aymerich, Núñez Feijóo se preguntó si el portavoz va a dedicarse 'a traer firmas' al hemiciclo 'en contra de lo que hicieron en legislaturas anteriores'. 'Ustedes hicieron la ley, trajeron la ley y sus altos cargos cobran por esta ley; eso se llama hipocresía', proclamó.
En la línea, se cuestionó cómo el portavoz nacionalista, 'con sus antecedentes', puede hablar de servicios públicos o de personal. 'Sólo en dos chiringuitos --en referencia al Consorcio y la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga)-- colocaron a 4.100 empleados con la Inspección de Trabajo avisando de que estaban en fraude de ley', subrayó.
Además, esgrimió que el 'problema' del bipartito no fue 'privatizar' los servicios públicos sino su personalización al 'ponerle nombre y apellidos' a la Vicepresidencia que los gestionaba, entonces dirigida por el nacionalista Anxo Quintana. 'Lamentamos que la hipocresía política siga mandando en el BNG', concluyó.
CRUCE DE ACUSACIONES
En la sesión de control de hoy se produjo un cruce de acusaciones entre Aymerich y la diputada del PPdeG Paula Prado, a quien el portavoz nacionalista acusó directamente de acudir el lunes a un centro a Melide para 'amenazar' a trabajadores y ponerlos a favor del modelo de gestión de servicios sociales que propone la Xunta.
Al terminar el debate de las preguntas al presidente, Prado obtuvo un turno de palabra por alusiones y advirtió de que ella no fue al centro a 'amenazar a nadie' sino a informar porque, según ella, 'esa caja de firmas --la de Aymerich-- fue recogida con mentiras y falsedades'.
A continuación, Prado advirtió de que 'amenazar' es un 'delito' e imputar 'falsamente' amenazas constituye 'otro delito', por lo que pidió que se retirasen del acta las palabras del nacionalista.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Baltar, que sustituye en sus funciones a Pilar Rojo por enfermedad, no se pronunció al respecto y se negó a dar la palabra a Aymerich para la réplica para no abrir 'un debate por alusiones'.
Así respondió a una cuestión formulada en el pleno de la Cámara por el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, quien acusó a la Xunta de 'malvender' a empresas privadas el patrimonio --en referencia a los centros de día-- construido 'con dinero de todos los gallegos' y de 'coaccionar' a los alcaldes para ganar su apoyo.
'No hay privatización; la tarifa, los precios, las prestaciones y la calidad son públicos y la dirección será nombrada por una Administración pública', replicó el mandatario autonómico y proclamó que el logro de su Gobierno será demostrar que los servicios públicos 'también pueden ser eficientes'.
En este punto, reiteró que velará por la 'calidad y eficiencia' de los servicios públicos huyendo 'de la burocracia'. 'A ustedes les gustaba la burocracia, a nosotros nos gusta la asistencia', incidió y, a modo de prueba, señaló que cerrará su primer año de legislatura con 617 nuevas plazas en centros de día, 'un 61 por ciento más' de la oferta que dejó el bipartito.
Asimismo, recordó que el pasado mes de noviembre ya había un total de 19.000 grandes dependientes cobrando en Galicia las prestaciones a las que da derecho la Ley de Dependencia estatal, lo que supera su compromiso de cerrar el año con 18.500 perceptores adquirido por él en la campaña de las autonómicas y significa 'un 60 por ciento más' de lo que el bipartito 'hizo en cuatro años'.
'No sé quien privatiza, pero nosotros no', sentenció Feijóo, cuya afirmación despertó gritos de indignación en las bancadas del BNG, y señaló, a mayores, que el 50 por ciento de las plazas puestas en marcha por el bipartito tiene 'el mismo modelo de gestión indirecta' que utilizará su Gobierno. 'Seguiremos apostando por lo público, un 60 por ciento más de lo público que ustedes', apostilló. 'MALVENDER' PATRIMONIO PÚBLICO
'Si hay un 60 por ciento más, ¿por qué no aparece en la web de la consellería?', replicó Carlos Aymerich y acusó al Gobierno de Feijóo de mantener 'cerrados' centros de día y 'galescolas' --ahora escuelas infantiles-- ya finalizadas por no dotarlas del material y personal necesario para su funcionamiento.
El portavoz parlamentario del BNG recordó que su grupo interrogó al respecto a la Xunta en varias ocasiones sin recibir 'más que insultos, inventivas y descalificativos'. 'Nunca razones', añadió, y subrayó que el motivo se reveló el pasado 26 de noviembre, cuando se supo que el gerente del Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar 'coaccionaba' alcaldes asegurando que 'o se privatiza o no se abre'.
En la línea, se preguntó cómo va la Xunta a 'ahorrar el 25 por ciento que promete' si hay que 'reservar una parte' para el beneficio de las empresas. 'Salvo que se aplique el modelo San Rosendo, de quedarse con el patrimonio de la gente', ironizó e insistió en que la única intención de Feijóo es 'malvender patrimonio pagado con dinero público a empresas que llevan semanas merodeando por el Consorcio y preparando las plicas de la privatización'.
'Su modelo ideológico es el de privatizar como ya hizo en Correos', continuó Aymerich, quien, no obstante, avisó al jefe del Ejecutivo que se encontrará 'en frente' a los alcaldes. 'Y no sólo a los del BNG, también a los del PP', señaló y recordó que regidores 'populares' como los de Pantón o Taboadela ya han manifestado su oposición al modelo de gestión de Feijóo, pese a las 'amenazas' recibidas.
'Y también tendrá en frente a la ciudadanía', advirtió antes de colocar sobre su mesa una caja que, según dijo, contenía 15.000 firmas de trabajadores y familiares en contra del modelo de gestión propuesto por la Administración autonómica. 'HIPOCRESÍA POLÍTICA'
Tras el acto reivindicativo de Aymerich, Núñez Feijóo se preguntó si el portavoz va a dedicarse 'a traer firmas' al hemiciclo 'en contra de lo que hicieron en legislaturas anteriores'. 'Ustedes hicieron la ley, trajeron la ley y sus altos cargos cobran por esta ley; eso se llama hipocresía', proclamó.
En la línea, se cuestionó cómo el portavoz nacionalista, 'con sus antecedentes', puede hablar de servicios públicos o de personal. 'Sólo en dos chiringuitos --en referencia al Consorcio y la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga)-- colocaron a 4.100 empleados con la Inspección de Trabajo avisando de que estaban en fraude de ley', subrayó.
Además, esgrimió que el 'problema' del bipartito no fue 'privatizar' los servicios públicos sino su personalización al 'ponerle nombre y apellidos' a la Vicepresidencia que los gestionaba, entonces dirigida por el nacionalista Anxo Quintana. 'Lamentamos que la hipocresía política siga mandando en el BNG', concluyó.
CRUCE DE ACUSACIONES
En la sesión de control de hoy se produjo un cruce de acusaciones entre Aymerich y la diputada del PPdeG Paula Prado, a quien el portavoz nacionalista acusó directamente de acudir el lunes a un centro a Melide para 'amenazar' a trabajadores y ponerlos a favor del modelo de gestión de servicios sociales que propone la Xunta.
Al terminar el debate de las preguntas al presidente, Prado obtuvo un turno de palabra por alusiones y advirtió de que ella no fue al centro a 'amenazar a nadie' sino a informar porque, según ella, 'esa caja de firmas --la de Aymerich-- fue recogida con mentiras y falsedades'.
A continuación, Prado advirtió de que 'amenazar' es un 'delito' e imputar 'falsamente' amenazas constituye 'otro delito', por lo que pidió que se retirasen del acta las palabras del nacionalista.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Baltar, que sustituye en sus funciones a Pilar Rojo por enfermedad, no se pronunció al respecto y se negó a dar la palabra a Aymerich para la réplica para no abrir 'un debate por alusiones'.
lunes, 7 de diciembre de 2009
Prado (PPdeG) acusa al BNG de utilizar a los mayores con fines partidistas
La diputada del PPdeG Paula Prado ha acusado al BNG de instigar una "campaña sucia" y utilizar a las personas mayores "con fines partidistas".La parlamentaria rechazó en conferencia de prensa la acusación de los nacionalistas de privatizar los servicios sociales y criticó al Bloque por su campaña de atacar las políticas de la Xunta en esta materia "basada en la mentira", generando "inquietudes en la población que más precisa recursos sociales", informó el PPdeG en un comunicado.Paula Prado visitó hoy la residencia de la tercera edad de Melide, "inaugurada en octubre por la conselleira de Trabajo, después de cuatro años de paralización por el bipartito".La representante del PPdeG señaló que "fueron precisamente los nacionalistas, cuando estaban al frente de la Vicepresidencia de la Xunta, los que privatizaron servicios en la residencia de Melide, contratando a una empresa para servir las comidas de los apartamentos tutelados".La diputada afirmó que "las familias, los usuarios, pueden estar tranquilos porque en ningún caso se va a recortar ni encarecer ningún servicio de los que se venían prestando".Finalmente, resaltó el esfuerzo de la actual Xunta "por agilizar las ayudas para las personas dependientes y sus familias que, tras sufrir los retrasos del Gobierno bipartito, verán en el próximo año resueltas sus expectativas, pues se incrementó en un 45 % la cantidad prevista para la dependencia".
lunes, 23 de noviembre de 2009
El PP invita a los ciudadanos a condenar con contundencia la violencia contra la mujer
La edil Paula Prado pide el apoyo a las víctimas para devolver la dignidad a la sociedad.
La concejala del Grupo Municipal Popular encargada del seguimiento del área de la Mujer, Paula Prado, trasladará a la junta de portavoces una declaración institucional de cara al 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. En dicha declaración, que será tratada en el pleno ordinario de finales de mes, se invita a los ciudadanos a unirse a la expresión de condena y su apoyo a las víctimas de este tipo de violencia "con el fin de devolver la dignidad y la justicia a nuestra sociedad".
En el texto de la declaración se dice expresamente que "erradicar la violencia contra las mujeres es una obligación de las instituciones, en la que se precisa la colaboración de la ciudadanía, y sólo desde el compromiso y la concienciación de todas las personas podemos conseguir una sociedad en la que los derechos humanos se respeten".
También, se indica que desde el Ayuntamiento se manifiesta el compromiso con la prevención de la violencia a través del más enérgico rechazo a las manifestaciones de la violencia y a la figura de los maltratadores, para los que exige tolerancia cero.
jueves, 19 de noviembre de 2009
El PP supervisa la nueva red de colectores
El portavoz municipal del PP, Conde Roa, izquierda, acompañado de concejales de grupo, visitó ayer las obras de la nueva red de colectores en la zona de Pontepedriña, donde anunció que su grupo realizará un seguimiento exhaustivo de estos trabajos, "que ya acumulan un considerable retraso". También se interesó sobre si las obras que se llevan a cabo en el cauce del Sar cuentan con los oportunos permisos .
FRACASO ABSOLUTO DEL FORO POLO CIVISMO
Arranca la segunda temporada del Foro Local polo Civismo
El encuentro se dedicó a presentar el estudio sobre la "vida recreativa" en Compostela ·· También se analizan en él los "sujetos pasivos" que sufren el botellón
El Foro polo Civismo, promovido por el gobierno local con el objetivo de analizar el ocio en Compostela para atajar los efectos negativos del botellón, inició ayer su segunda temporada con la presentación de los resultados del estudio sobre la vida recreativa que llevó a cabo la Universidade de Santiago con la colaboración de Caixa Galicia.
El encuentro se dedicó a presentar el estudio sobre la "vida recreativa" en Compostela ·· También se analizan en él los "sujetos pasivos" que sufren el botellón
El Foro polo Civismo, promovido por el gobierno local con el objetivo de analizar el ocio en Compostela para atajar los efectos negativos del botellón, inició ayer su segunda temporada con la presentación de los resultados del estudio sobre la vida recreativa que llevó a cabo la Universidade de Santiago con la colaboración de Caixa Galicia.
Sólo acudieron 26 personas; si no contamos a ediles, personal del concello, de la Xunta y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sólo había 5 personas representando a la sociedad civil en el foro y 3 de ellas representaban a los locales de hostelería.
- ¿dónde se encontraban las asociaciones de vecinos? EN CASA... DECEPCIONADAS
- ¿dónde se encontraban los representantes de los centros educativos? EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL COLEGIO (una vez conseguido, ya nada importa)
- ¿dónde se encontraban las asociaciones juveniles? PASANDO DE TODO: NO HAN SABIDO IMPLICARLOS
- ¿dónde se encontraban los representantes de la USC? PELEANDO LAS ELECCIONES A RECTOR
1º.- ¿A QUIÉN LE IMPORTA REALMENTE ESTE ASUNTO?'???
o es que
2º.- ¿NADIE CREE EN LA EFICACIA DE ESTE FORO CÍVICO?
Más bien lo segundo...
NADIE CREE EN LA EFICACIA DE ESTE FORO "CÍNICO"
El PP quiere explicaciones sobre las facturas de Incolsa o irá al juzgado
Los veintiún recibos entregados en Turismo y retirados por el ex gerente de la empresa sumaban 374.000 euros
El Concello niega cualquier irregularidad y dice que la oposición quiere desviar la atención sobre otros temas
El PP pedirá explicaciones en el pleno de la corporación por el caso de las facturas que Incolsa presentó en la Dirección Xeral de Turismo en marzo pasado y que el entonces gerente de la empresa municipal, Iñaki Gaztelumendi, retiró de ese departamento autonómico el 31 de ese mismo mes, una decisión que la oposición explica porque el técnico de Incolsa debía de entender que no se estaba actuando correctamente. Los populares exponen su convencimiento de que fue el propio edil de Turismo y responsable de la empresa municipal, el nacionalista Xosé Manuel Iglesias, quien entregó las facturas personalmente al entonces director xeral de Turismo, el también nacionalista Rubén Lois.
El PP, que recientemente solicitó la relación de esas facturas a través del Parlamento, reiteró ayer sus sospechas de que «algunas de ellas fueron emitidas sin haberse realizado los trabajos», como ya había denunciado su portavoz, Gerardo Conde Roa, en septiembre pasado. Ayer fue la concejala y diputada autonómica Paula Prado quien no solo retomó las críticas a la gestión de Incolsa desde que Iglesias se puso al frente de la empresa municipal, sino que solicitó expresamente la comparecencia del edil ante el pleno de la corporación para dar explicaciones sobre la procedencia de tales facturas y la forma en qué se hicieron llegar a la Dirección Xeral de Turismo. «Hay quien puede acreditar que fue el propio Iglesias quien las llevó», afirma la edila. «Queremos que él diga si fue así» y que «dé las explicaciones que merece el asunto».
Responsabilidad política
En el caso de que estas no sean «convincentes» o de que se confirmen sus sospechas -«en ese caso estaríamos ante la comisión de varios tipos delictivos, como estafa, falsedad documental y prevaricación», según Prado-, el PP exigirá responsabilidades políticas y la dimisión o el cese de Iglesias. Sostiene que el alcalde «debe tomar cartas en el asunto, y si Iglesias no asume sus responsabilidades ha de hacerlo él». De otra forma, la oposición exigirá al regidor que ponga el caso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción, como ya hizo con el proceso de licitación de las obras del polideportivo del Quiroga Palacios. De no ser así, aclara Prado, el propio PP acudirá a la vía judicial.
En total, las facturas retiradas por Gaztelumendi a escasos días de dejar su puesto en Incolsa, sumaban 21 cargos y un montante de 373.849 euros. Una cifra muy similar (400.000 euros) a los convenios que la dirección xeral había comprometido verbalmente con Incolsa para acciones de promoción turística de la ciudad y que finalmente no llegaron a concretarse porque «se verían truncados con las elecciones de marzo», en que el PP recuperó la Xunta.
La oposición sostiene que con estas facturas se pretendía «salvar» la situación económica de Incolsa, que arrastra déficit por la inconcreción de esos convenios y otro de Turgalicia, así como por la retirada entonces del apoyo de la Xunta al convenio con Ryanair. El Concello niega irregularidades y dice que el PP quiere desviar la atención sobre otros temas.
El Concello niega cualquier irregularidad y dice que la oposición quiere desviar la atención sobre otros temas
El PP pedirá explicaciones en el pleno de la corporación por el caso de las facturas que Incolsa presentó en la Dirección Xeral de Turismo en marzo pasado y que el entonces gerente de la empresa municipal, Iñaki Gaztelumendi, retiró de ese departamento autonómico el 31 de ese mismo mes, una decisión que la oposición explica porque el técnico de Incolsa debía de entender que no se estaba actuando correctamente. Los populares exponen su convencimiento de que fue el propio edil de Turismo y responsable de la empresa municipal, el nacionalista Xosé Manuel Iglesias, quien entregó las facturas personalmente al entonces director xeral de Turismo, el también nacionalista Rubén Lois.
El PP, que recientemente solicitó la relación de esas facturas a través del Parlamento, reiteró ayer sus sospechas de que «algunas de ellas fueron emitidas sin haberse realizado los trabajos», como ya había denunciado su portavoz, Gerardo Conde Roa, en septiembre pasado. Ayer fue la concejala y diputada autonómica Paula Prado quien no solo retomó las críticas a la gestión de Incolsa desde que Iglesias se puso al frente de la empresa municipal, sino que solicitó expresamente la comparecencia del edil ante el pleno de la corporación para dar explicaciones sobre la procedencia de tales facturas y la forma en qué se hicieron llegar a la Dirección Xeral de Turismo. «Hay quien puede acreditar que fue el propio Iglesias quien las llevó», afirma la edila. «Queremos que él diga si fue así» y que «dé las explicaciones que merece el asunto».
Responsabilidad política
En el caso de que estas no sean «convincentes» o de que se confirmen sus sospechas -«en ese caso estaríamos ante la comisión de varios tipos delictivos, como estafa, falsedad documental y prevaricación», según Prado-, el PP exigirá responsabilidades políticas y la dimisión o el cese de Iglesias. Sostiene que el alcalde «debe tomar cartas en el asunto, y si Iglesias no asume sus responsabilidades ha de hacerlo él». De otra forma, la oposición exigirá al regidor que ponga el caso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción, como ya hizo con el proceso de licitación de las obras del polideportivo del Quiroga Palacios. De no ser así, aclara Prado, el propio PP acudirá a la vía judicial.
En total, las facturas retiradas por Gaztelumendi a escasos días de dejar su puesto en Incolsa, sumaban 21 cargos y un montante de 373.849 euros. Una cifra muy similar (400.000 euros) a los convenios que la dirección xeral había comprometido verbalmente con Incolsa para acciones de promoción turística de la ciudad y que finalmente no llegaron a concretarse porque «se verían truncados con las elecciones de marzo», en que el PP recuperó la Xunta.
La oposición sostiene que con estas facturas se pretendía «salvar» la situación económica de Incolsa, que arrastra déficit por la inconcreción de esos convenios y otro de Turgalicia, así como por la retirada entonces del apoyo de la Xunta al convenio con Ryanair. El Concello niega irregularidades y dice que el PP quiere desviar la atención sobre otros temas.
domingo, 15 de noviembre de 2009
El Foro polo Civismo abre otra vez el debate mientras el botellón sigue en la calle
"El Ayuntamiento no ha puesto ningún medio para acabar con este problema", advierte Prado ·· No se ha cursado "ni una sola sanción" por beber en espacios públicos
Coincidiendo con el inicio del curso universitario, se reabre la mesa de debate del Foro polo Civismo. Integrado por autoridades municipales e instituciones de peso en la ciudad, se reunirá de nuevo el próximo martes (19 horas) en la Casa das Asociacións de Cornes. La cita servirá para presentar el programa La vida recreativa en Santiago: análisis del estado de la situación y propuestas para prevenir los factores y las condiciones de riesgo asociadas a la misma. "Es una tomadura de pelo total y absoluta", denunciaba ayer en los micrófonos de Radio Obradoiro la edil popular Paula Prado. "El Ayuntamiento de Santiago no ha puesto ningún medio para acabar con el problema del botellón. Inventándose este foro sacan una cortina de humo, ya que se habla de propuestas que después no se llevan a cabo", critica.
El único proyecto que ha progresado ha sido la ordenanza que prohíbe vender alcohol a partir de las diez de la noche, recuerda la responsable. Cierto es, sin embargo, que en el Foro polo Civismo se aportaron "múltiples y varias soluciones". "Pero cumplir la normativa era fundamental y a día de hoy no se ha puesto ni una sola sanción por beber en la calle", advierte Prado. La concejala recuerda al gobierno local que alguien, por ejemplo un padre, podría exigir una responsabilidad patrimonial a Raxoi por lo que sucede en la calle. "Y, de hecho, algún ayuntamiento ya ha sido condenado por este tema", apostilla.
La edil popular insta a los mandatarios municipales a adoptar medidas que atajen el botellón copiando modelos como el que utiliza Granada. En la ciudad andaluza se ha acotado un enorme botellódromo y existe un intenso operativo para controlar a los establecimientos que venden alcohol a menores y fuera del horario legal.
El único proyecto que ha progresado ha sido la ordenanza que prohíbe vender alcohol a partir de las diez de la noche, recuerda la responsable. Cierto es, sin embargo, que en el Foro polo Civismo se aportaron "múltiples y varias soluciones". "Pero cumplir la normativa era fundamental y a día de hoy no se ha puesto ni una sola sanción por beber en la calle", advierte Prado. La concejala recuerda al gobierno local que alguien, por ejemplo un padre, podría exigir una responsabilidad patrimonial a Raxoi por lo que sucede en la calle. "Y, de hecho, algún ayuntamiento ya ha sido condenado por este tema", apostilla.
La edil popular insta a los mandatarios municipales a adoptar medidas que atajen el botellón copiando modelos como el que utiliza Granada. En la ciudad andaluza se ha acotado un enorme botellódromo y existe un intenso operativo para controlar a los establecimientos que venden alcohol a menores y fuera del horario legal.
La frase
Paula Prado Concejala del Partido Popular
"Como vuelven los estudiantes, reúnen de nuevo al foro para que parezca que estamos haciendo algo"
Paula Prado Concejala del Partido Popular
"Como vuelven los estudiantes, reúnen de nuevo al foro para que parezca que estamos haciendo algo"
jueves, 12 de noviembre de 2009
La mitad de los nuevos policías de Galicia vigilarán la violencia machista
El Gobierno gallego se compromete a desarrollar la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007 por el bipartito 
La mitad de los nuevos agentes de la Policía Autonómica de Galicia irán destinados al ámbito de la violencia machista y de la protección de menores, según informó ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. El conselleiro, que había solicitado al Ministerio de Justicia una ampliación de 500 agentes para la unidad adscrita a la Policía Autonómica, destacó "la voluntad" de la actual Xunta de desarrollar "en esta legislatura" la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007. Rueda aseguró que "no existe relajamiento" en la lucha del Gobierno autonómico contra "esta lacra social" y añadió que, en los presupuestos de 2010, han incrementado los fondos para la concesión de ayudas periódicas a las víctimas y dirigido un 19% más del presupuesto a la partida asignada a los programas de protección. En cuanto a las medidas que la Xunta planea poner en marcha, el responsable de Presidencia hizo referencia al desarrollo de un programa de atención psicológica específica a los menores que se encuentren en casas de acogida y a un proyecto "experimental" sobre el fomento de la igualdad, que se desarrollará de forma conjunta con Castilla-León y Portugal.
Previamente a la intervención Parlamentaria de Rueda, la diputada del BNG Ana Pontón denunció "los pasos negativos" que la Xunta había desarrollado en esta materia. así, recordó "el despido de 64 personas" que trabajaban en los equipos de igualdad de las oficinas adscritas al Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar.
Desde el PSdeG, la diputada Laura Seara acusó al Gobierno gallego de haber "retirado la igualdad de la agenda política", argumentando que "no han promovido ni una sola medida nueva" desde su llegada a la Xunta. Además, la socialista manifestó tener constancia de que beneficiarias de la ayuda económica periódica a víctimas -salario de la libertad- "no la cobraban desde abril".
Finalmente, la diputada del PP Paula Prado también hizo referencia al salario de la libertad, promovido por el gobierno del bipartito, y lo tildó de "estafa" al asegurar que "requiere de una convivencia entre víctima y agresor", que no existe después de que el juez dicte una orden de alejamiento contra éste último.
La mitad de los nuevos agentes de la Policía Autonómica de Galicia irán destinados al ámbito de la violencia machista y de la protección de menores, según informó ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. El conselleiro, que había solicitado al Ministerio de Justicia una ampliación de 500 agentes para la unidad adscrita a la Policía Autonómica, destacó "la voluntad" de la actual Xunta de desarrollar "en esta legislatura" la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007. Rueda aseguró que "no existe relajamiento" en la lucha del Gobierno autonómico contra "esta lacra social" y añadió que, en los presupuestos de 2010, han incrementado los fondos para la concesión de ayudas periódicas a las víctimas y dirigido un 19% más del presupuesto a la partida asignada a los programas de protección. En cuanto a las medidas que la Xunta planea poner en marcha, el responsable de Presidencia hizo referencia al desarrollo de un programa de atención psicológica específica a los menores que se encuentren en casas de acogida y a un proyecto "experimental" sobre el fomento de la igualdad, que se desarrollará de forma conjunta con Castilla-León y Portugal.
Previamente a la intervención Parlamentaria de Rueda, la diputada del BNG Ana Pontón denunció "los pasos negativos" que la Xunta había desarrollado en esta materia. así, recordó "el despido de 64 personas" que trabajaban en los equipos de igualdad de las oficinas adscritas al Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar.
Desde el PSdeG, la diputada Laura Seara acusó al Gobierno gallego de haber "retirado la igualdad de la agenda política", argumentando que "no han promovido ni una sola medida nueva" desde su llegada a la Xunta. Además, la socialista manifestó tener constancia de que beneficiarias de la ayuda económica periódica a víctimas -salario de la libertad- "no la cobraban desde abril".
Finalmente, la diputada del PP Paula Prado también hizo referencia al salario de la libertad, promovido por el gobierno del bipartito, y lo tildó de "estafa" al asegurar que "requiere de una convivencia entre víctima y agresor", que no existe después de que el juez dicte una orden de alejamiento contra éste último.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
martes, 27 de octubre de 2009
TRAS 2 AÑOS Y MEDIO SIN PLAN DE IGUALDAD EL CONCELLO APOBARÁ UN PLAN HASTA EL 2011
Santiago necesitaba un plan, una hoja de ruta que marcase las políticas de igualdad para nuestro Concello. El anterior Plan perdió vigencia en abril del 2007 y, desde entonces, en Santiago de Compostela no exitían compromisos reales en materia de igualdad.
Una vez analizado el documento en el que se recoge el Plan, desde el PP observamos en este «mucho humo y propaganda» y poco compromiso con la realidad santiaguesa:
«Se habla mucho de impulsar, favorecer y fomentar, pero así no se compromete nada»,
Desde el Partido Popular echamos en falta, sobre todo, un programa de conciliación estable para los períodos de vacaciones escolares, programas que sí tienen municipios del entorno (Teo, Ames, Oroso, Arzúa,...).
Hay que destacar también que, desde el gobierno municipal socialista, no se ha consultado con ninguna asociación vecinal ni con el PP y desconocemos los criterios que se utilizaron para contactar, arbitrariamente,con otros colectivos que sí participaron en las mesas de trabajo previas.
Una vez analizado el documento en el que se recoge el Plan, desde el PP observamos en este «mucho humo y propaganda» y poco compromiso con la realidad santiaguesa:
«Se habla mucho de impulsar, favorecer y fomentar, pero así no se compromete nada»,
Desde el Partido Popular echamos en falta, sobre todo, un programa de conciliación estable para los períodos de vacaciones escolares, programas que sí tienen municipios del entorno (Teo, Ames, Oroso, Arzúa,...).
Hay que destacar también que, desde el gobierno municipal socialista, no se ha consultado con ninguna asociación vecinal ni con el PP y desconocemos los criterios que se utilizaron para contactar, arbitrariamente,con otros colectivos que sí participaron en las mesas de trabajo previas.
jueves, 22 de octubre de 2009
EL FISCAL SUPERIOR DE GALICIA PRESENTA SU MEMORIA DE 2008 EN EL PARLAMENTO
Aunque las intervenciones de los grupos parlamentarios se centraron principalmente en alabar y analizar el trabajo de la Fiscalía Superior, las diputadas no pudieron evitar unos mínimos cruces de acusaciones. Así, Beatriz Sestayo preguntó a Varela si, como representante del Ministerio Fiscal, se sentía "presionado" por alguien para "perseguir" a cargos del PPdeG, en alusión a las críticas efectuadas a raíz de casos como el Gürtel.Desde las filas populares, la diputada Paula Prado respondió a la socialista señalando que las críticas vertidas desde el PP se encaminan al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "y no son trasladables a otras figuras fiscales, que no decimos que no actúen con imparcialidad". Además, la parlamentaria pidió al PSdeG que tenga "memoria histórica" y no olvide que con gobiernos estatales anteriores, ellos mismos criticaron al anterior fiscal general, Jesús Cardenal.
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, puso de manifiesto en el Parlamento la necesidad de crear una ley autonómica de mediación, que regule y ampare la aplicación de estos procesos en conflictos que afectan al ámbito privado y esferas de proximidad, como cuestiones vecinales, de familia o incluso los referidos a menores. "No deberÍamos pasar un minuto más sIn preocuparnos por esta cuestión" resaltó.Varela, que presentó ante la Comisión 1ª la memoria de la Fiscalía Superior de 2008, defendió que hay que tener presente la idea de que "no sólo hay justicia donde hay tribunales" y que por tanto "no todos los litigios deben ser resueltos por los tribunales", por lo que apostó por dar un impulso a fórmulas como la mediación o el arbitraje.Además de la descarga de trabajo que para las unidades judiciales puedan suponer estos sistemas, el fiscal incidió en que se trata de medios "absolutamente necesarios" cuando se trata de casos "en los que las partes tienen que seguir manteniendo una relación personal", en los que resulta beneficiosa la intervención de psicólogos.Varela expuso que ya existen experiencias de probada eficacia. Así, destacó que en el 95% de los casos en los que se han aplicado soluciones extraprocesuales, del tipo de la conciliación y la mediación, con menores, estos no han vuelto a delinquir. También puso como ejemplo el programa de mediación intrajudicial puesto en marcha para los procesos de familia en el juzgado número 6 de Santiago, que logró que los acuerdos obtenidos por mediación fuesen aceptados en el 50% de los casos, cifra muy superior a la obtenida por experiencias similares de otras comunidades autónomas.Por ello, Varela pidió la continuidad de este convenio --firmado entre la Vicepresidencia del bipartito, el Ministerio Fiscal, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y el Colexio Oficial de Avogados de Santiago-- y abogó también por hacerlo extensivo a otras provincias, de modo que Galicia se sitúe en una "posición de vanguardia" en la implantación de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos "al menos en los procesos de familia y menores".
Las representantes de los tres grupos parlamentarios --PPdeG, PSdeG y BNG-- se mostraron de acuerdo con la propuesta del fiscal de buscar un nuevo concepto de justicia más "diversificado" con "soluciones informales" como la mediación y el arbitraje, que permitan "diversidad de respuesta". Los tres partidos también se sumaron a la preocupación expresada por el fiscal superior ante la "dificultad" de ejecutar las penas impuestas basadas en trabajos en beneficio de la comunidad, que Varela vinculó a la "insuficiencia de puestos de trabajo a los que destinar a los penados".
Organización y especialización
Donde también hubo coincidencia fue en la necesidad de afrontar una reforma de la organización territorial de la Justicia en Galicia. Desde el grupo popular se destacó que la nuestra es la tercera comunidad con más número de partidos judiciales (45) y que las nuevas vías de comunicación permiten pensar en una nueva distribución más racional. Por su parte, el BNG reclamó para Galicia las competencias de organización y definición de la planta judicial.Carlos Varela abogó por una "nueva geografía de la Justicia", asentada en la comarca como célula básica. Los tribunales comarcales se harían cargo de la "pequeña litigiosidad" y los llamados conflictos "de baja densidad", actuando como una justicia "de proximidad" y liberando a instancias superiores para dar una atención más especializada."Si la delincuencia es compleja y el órgano que la atiende no está muy especializado la respuesta no va a ser de gran altura" señaló el fiscal superior, que abogó por ir hacia las unidades judiciales especializadas, huyendo del "juez generalista" y buscando el apoyo de equipos periciales y policiales con formación específica.
Además del ámbito económico, la dedicación temática se resaltó como muy importante a la hora de abordar los casos de violencia de género, delito que en 2008 generó 6.963 procedimientos en Galicia, de los que el 24,80% correspondieron a juicios rápidos. En 1.447 de ellos, el Ministerio Fiscal llegó a la fase de calificación, y se emitieron un total de 1.175 sentencias, de las que el 61,61% fueron condenatorias.Además de la actuación puramente judicial, Carlos Varela incidió en la puesta en marcha de los informes de valoración integral, que incluyen una valoración del riesgo potencial en el que se encuentra la víctima en distintos momentos del proceso, como por ejemplo a la hora de dictar prisión provisional o una puesta en libertad. Las unidades encargadas de este tratamiento integral comenzaron a funcionar en el verano de 2008, y desde la Fiscalía Superior se espera que sean útiles a la hora de predecir y atajar situaciones de peligro.
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, puso de manifiesto en el Parlamento la necesidad de crear una ley autonómica de mediación, que regule y ampare la aplicación de estos procesos en conflictos que afectan al ámbito privado y esferas de proximidad, como cuestiones vecinales, de familia o incluso los referidos a menores. "No deberÍamos pasar un minuto más sIn preocuparnos por esta cuestión" resaltó.Varela, que presentó ante la Comisión 1ª la memoria de la Fiscalía Superior de 2008, defendió que hay que tener presente la idea de que "no sólo hay justicia donde hay tribunales" y que por tanto "no todos los litigios deben ser resueltos por los tribunales", por lo que apostó por dar un impulso a fórmulas como la mediación o el arbitraje.Además de la descarga de trabajo que para las unidades judiciales puedan suponer estos sistemas, el fiscal incidió en que se trata de medios "absolutamente necesarios" cuando se trata de casos "en los que las partes tienen que seguir manteniendo una relación personal", en los que resulta beneficiosa la intervención de psicólogos.Varela expuso que ya existen experiencias de probada eficacia. Así, destacó que en el 95% de los casos en los que se han aplicado soluciones extraprocesuales, del tipo de la conciliación y la mediación, con menores, estos no han vuelto a delinquir. También puso como ejemplo el programa de mediación intrajudicial puesto en marcha para los procesos de familia en el juzgado número 6 de Santiago, que logró que los acuerdos obtenidos por mediación fuesen aceptados en el 50% de los casos, cifra muy superior a la obtenida por experiencias similares de otras comunidades autónomas.Por ello, Varela pidió la continuidad de este convenio --firmado entre la Vicepresidencia del bipartito, el Ministerio Fiscal, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y el Colexio Oficial de Avogados de Santiago-- y abogó también por hacerlo extensivo a otras provincias, de modo que Galicia se sitúe en una "posición de vanguardia" en la implantación de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos "al menos en los procesos de familia y menores".
Las representantes de los tres grupos parlamentarios --PPdeG, PSdeG y BNG-- se mostraron de acuerdo con la propuesta del fiscal de buscar un nuevo concepto de justicia más "diversificado" con "soluciones informales" como la mediación y el arbitraje, que permitan "diversidad de respuesta". Los tres partidos también se sumaron a la preocupación expresada por el fiscal superior ante la "dificultad" de ejecutar las penas impuestas basadas en trabajos en beneficio de la comunidad, que Varela vinculó a la "insuficiencia de puestos de trabajo a los que destinar a los penados".
Organización y especialización
Donde también hubo coincidencia fue en la necesidad de afrontar una reforma de la organización territorial de la Justicia en Galicia. Desde el grupo popular se destacó que la nuestra es la tercera comunidad con más número de partidos judiciales (45) y que las nuevas vías de comunicación permiten pensar en una nueva distribución más racional. Por su parte, el BNG reclamó para Galicia las competencias de organización y definición de la planta judicial.Carlos Varela abogó por una "nueva geografía de la Justicia", asentada en la comarca como célula básica. Los tribunales comarcales se harían cargo de la "pequeña litigiosidad" y los llamados conflictos "de baja densidad", actuando como una justicia "de proximidad" y liberando a instancias superiores para dar una atención más especializada."Si la delincuencia es compleja y el órgano que la atiende no está muy especializado la respuesta no va a ser de gran altura" señaló el fiscal superior, que abogó por ir hacia las unidades judiciales especializadas, huyendo del "juez generalista" y buscando el apoyo de equipos periciales y policiales con formación específica.
Además del ámbito económico, la dedicación temática se resaltó como muy importante a la hora de abordar los casos de violencia de género, delito que en 2008 generó 6.963 procedimientos en Galicia, de los que el 24,80% correspondieron a juicios rápidos. En 1.447 de ellos, el Ministerio Fiscal llegó a la fase de calificación, y se emitieron un total de 1.175 sentencias, de las que el 61,61% fueron condenatorias.Además de la actuación puramente judicial, Carlos Varela incidió en la puesta en marcha de los informes de valoración integral, que incluyen una valoración del riesgo potencial en el que se encuentra la víctima en distintos momentos del proceso, como por ejemplo a la hora de dictar prisión provisional o una puesta en libertad. Las unidades encargadas de este tratamiento integral comenzaron a funcionar en el verano de 2008, y desde la Fiscalía Superior se espera que sean útiles a la hora de predecir y atajar situaciones de peligro.
lunes, 12 de octubre de 2009
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