El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, negó hoy que su Gobierno esté 'privatizando' los servicios públicos y advirtió a los nacionalistas de que su gestión de este área se sustenta en la Ley de Servicios Sociales de Galicia aprobada por el bipartito 'con los votos del BNG'.
Así respondió a una cuestión formulada en el pleno de la Cámara por el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, quien acusó a la Xunta de 'malvender' a empresas privadas el patrimonio --en referencia a los centros de día-- construido 'con dinero de todos los gallegos' y de 'coaccionar' a los alcaldes para ganar su apoyo.
'No hay privatización; la tarifa, los precios, las prestaciones y la calidad son públicos y la dirección será nombrada por una Administración pública', replicó el mandatario autonómico y proclamó que el logro de su Gobierno será demostrar que los servicios públicos 'también pueden ser eficientes'.
En este punto, reiteró que velará por la 'calidad y eficiencia' de los servicios públicos huyendo 'de la burocracia'. 'A ustedes les gustaba la burocracia, a nosotros nos gusta la asistencia', incidió y, a modo de prueba, señaló que cerrará su primer año de legislatura con 617 nuevas plazas en centros de día, 'un 61 por ciento más' de la oferta que dejó el bipartito.
Asimismo, recordó que el pasado mes de noviembre ya había un total de 19.000 grandes dependientes cobrando en Galicia las prestaciones a las que da derecho la Ley de Dependencia estatal, lo que supera su compromiso de cerrar el año con 18.500 perceptores adquirido por él en la campaña de las autonómicas y significa 'un 60 por ciento más' de lo que el bipartito 'hizo en cuatro años'.
'No sé quien privatiza, pero nosotros no', sentenció Feijóo, cuya afirmación despertó gritos de indignación en las bancadas del BNG, y señaló, a mayores, que el 50 por ciento de las plazas puestas en marcha por el bipartito tiene 'el mismo modelo de gestión indirecta' que utilizará su Gobierno. 'Seguiremos apostando por lo público, un 60 por ciento más de lo público que ustedes', apostilló. 'MALVENDER' PATRIMONIO PÚBLICO
'Si hay un 60 por ciento más, ¿por qué no aparece en la web de la consellería?', replicó Carlos Aymerich y acusó al Gobierno de Feijóo de mantener 'cerrados' centros de día y 'galescolas' --ahora escuelas infantiles-- ya finalizadas por no dotarlas del material y personal necesario para su funcionamiento.
El portavoz parlamentario del BNG recordó que su grupo interrogó al respecto a la Xunta en varias ocasiones sin recibir 'más que insultos, inventivas y descalificativos'. 'Nunca razones', añadió, y subrayó que el motivo se reveló el pasado 26 de noviembre, cuando se supo que el gerente del Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar 'coaccionaba' alcaldes asegurando que 'o se privatiza o no se abre'.
En la línea, se preguntó cómo va la Xunta a 'ahorrar el 25 por ciento que promete' si hay que 'reservar una parte' para el beneficio de las empresas. 'Salvo que se aplique el modelo San Rosendo, de quedarse con el patrimonio de la gente', ironizó e insistió en que la única intención de Feijóo es 'malvender patrimonio pagado con dinero público a empresas que llevan semanas merodeando por el Consorcio y preparando las plicas de la privatización'.
'Su modelo ideológico es el de privatizar como ya hizo en Correos', continuó Aymerich, quien, no obstante, avisó al jefe del Ejecutivo que se encontrará 'en frente' a los alcaldes. 'Y no sólo a los del BNG, también a los del PP', señaló y recordó que regidores 'populares' como los de Pantón o Taboadela ya han manifestado su oposición al modelo de gestión de Feijóo, pese a las 'amenazas' recibidas.
'Y también tendrá en frente a la ciudadanía', advirtió antes de colocar sobre su mesa una caja que, según dijo, contenía 15.000 firmas de trabajadores y familiares en contra del modelo de gestión propuesto por la Administración autonómica. 'HIPOCRESÍA POLÍTICA'
Tras el acto reivindicativo de Aymerich, Núñez Feijóo se preguntó si el portavoz va a dedicarse 'a traer firmas' al hemiciclo 'en contra de lo que hicieron en legislaturas anteriores'. 'Ustedes hicieron la ley, trajeron la ley y sus altos cargos cobran por esta ley; eso se llama hipocresía', proclamó.
En la línea, se cuestionó cómo el portavoz nacionalista, 'con sus antecedentes', puede hablar de servicios públicos o de personal. 'Sólo en dos chiringuitos --en referencia al Consorcio y la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga)-- colocaron a 4.100 empleados con la Inspección de Trabajo avisando de que estaban en fraude de ley', subrayó.
Además, esgrimió que el 'problema' del bipartito no fue 'privatizar' los servicios públicos sino su personalización al 'ponerle nombre y apellidos' a la Vicepresidencia que los gestionaba, entonces dirigida por el nacionalista Anxo Quintana. 'Lamentamos que la hipocresía política siga mandando en el BNG', concluyó.
CRUCE DE ACUSACIONES
En la sesión de control de hoy se produjo un cruce de acusaciones entre Aymerich y la diputada del PPdeG Paula Prado, a quien el portavoz nacionalista acusó directamente de acudir el lunes a un centro a Melide para 'amenazar' a trabajadores y ponerlos a favor del modelo de gestión de servicios sociales que propone la Xunta.
Al terminar el debate de las preguntas al presidente, Prado obtuvo un turno de palabra por alusiones y advirtió de que ella no fue al centro a 'amenazar a nadie' sino a informar porque, según ella, 'esa caja de firmas --la de Aymerich-- fue recogida con mentiras y falsedades'.
A continuación, Prado advirtió de que 'amenazar' es un 'delito' e imputar 'falsamente' amenazas constituye 'otro delito', por lo que pidió que se retirasen del acta las palabras del nacionalista.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Baltar, que sustituye en sus funciones a Pilar Rojo por enfermedad, no se pronunció al respecto y se negó a dar la palabra a Aymerich para la réplica para no abrir 'un debate por alusiones'.
