El PP invita a los ciudadanos a condenar con contundencia la violencia contra la mujer

La edil Paula Prado pide el apoyo a las víctimas para devolver la dignidad a la sociedad.

La concejala del Grupo Municipal Popular encargada del seguimiento del área de la Mujer, Paula Prado, trasladará a la junta de portavoces una declaración institucional de cara al 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. En dicha declaración, que será tratada en el pleno ordinario de finales de mes, se invita a los ciudadanos a unirse a la expresión de condena y su apoyo a las víctimas de este tipo de violencia "con el fin de devolver la dignidad y la justicia a nuestra sociedad".
En el texto de la declaración se dice expresamente que "erradicar la violencia contra las mujeres es una obligación de las instituciones, en la que se precisa la colaboración de la ciudadanía, y sólo desde el compromiso y la concienciación de todas las personas podemos conseguir una sociedad en la que los derechos humanos se respeten".
También, se indica que desde el Ayuntamiento se manifiesta el compromiso con la prevención de la violencia a través del más enérgico rechazo a las manifestaciones de la violencia y a la figura de los maltratadores, para los que exige tolerancia cero.

El PP supervisa la nueva red de colectores

El portavoz municipal del PP, Conde Roa, izquierda, acompañado de concejales de grupo, visitó ayer las obras de la nueva red de colectores en la zona de Pontepedriña, donde anunció que su grupo realizará un seguimiento exhaustivo de estos trabajos, "que ya acumulan un considerable retraso". También se interesó sobre si las obras que se llevan a cabo en el cauce del Sar cuentan con los oportunos permisos .

FRACASO ABSOLUTO DEL FORO POLO CIVISMO

Arranca la segunda temporada del Foro Local polo Civismo
El encuentro se dedicó a presentar el estudio sobre la "vida recreativa" en Compostela ·· También se analizan en él los "sujetos pasivos" que sufren el botellón

El Foro polo Civismo, promovido por el gobierno local con el objetivo de analizar el ocio en Compostela para atajar los efectos negativos del botellón, inició ayer su segunda temporada con la presentación de los resultados del estudio sobre la vida recreativa que llevó a cabo la Universidade de Santiago con la colaboración de Caixa Galicia.

Sólo acudieron 26 personas; si no contamos a ediles, personal del concello, de la Xunta y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sólo había 5 personas representando a la sociedad civil en el foro y 3 de ellas representaban a los locales de hostelería.

- ¿dónde se encontraban las asociaciones de vecinos? EN CASA... DECEPCIONADAS

- ¿dónde se encontraban los representantes de los centros educativos? EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL COLEGIO (una vez conseguido, ya nada importa)

- ¿dónde se encontraban las asociaciones juveniles? PASANDO DE TODO: NO HAN SABIDO IMPLICARLOS

- ¿dónde se encontraban los representantes de la USC? PELEANDO LAS ELECCIONES A RECTOR

1º.- ¿A QUIÉN LE IMPORTA REALMENTE ESTE ASUNTO?'???

o es que

2º.- ¿NADIE CREE EN LA EFICACIA DE ESTE FORO CÍVICO?

Más bien lo segundo...

NADIE CREE EN LA EFICACIA DE ESTE FORO "CÍNICO"

El PP quiere explicaciones sobre las facturas de Incolsa o irá al juzgado

Los veintiún recibos entregados en Turismo y retirados por el ex gerente de la empresa sumaban 374.000 euros
El Concello niega cualquier irregularidad y dice que la oposición quiere desviar la atención sobre otros temas

El PP pedirá explicaciones en el pleno de la corporación por el caso de las facturas que Incolsa presentó en la Dirección Xeral de Turismo en marzo pasado y que el entonces gerente de la empresa municipal, Iñaki Gaztelumendi, retiró de ese departamento autonómico el 31 de ese mismo mes, una decisión que la oposición explica porque el técnico de Incolsa debía de entender que no se estaba actuando correctamente. Los populares exponen su convencimiento de que fue el propio edil de Turismo y responsable de la empresa municipal, el nacionalista Xosé Manuel Iglesias, quien entregó las facturas personalmente al entonces director xeral de Turismo, el también nacionalista Rubén Lois.
El PP, que recientemente solicitó la relación de esas facturas a través del Parlamento, reiteró ayer sus sospechas de que «algunas de ellas fueron emitidas sin haberse realizado los trabajos», como ya había denunciado su portavoz, Gerardo Conde Roa, en septiembre pasado. Ayer fue la concejala y diputada autonómica Paula Prado quien no solo retomó las críticas a la gestión de Incolsa desde que Iglesias se puso al frente de la empresa municipal, sino que solicitó expresamente la comparecencia del edil ante el pleno de la corporación para dar explicaciones sobre la procedencia de tales facturas y la forma en qué se hicieron llegar a la Dirección Xeral de Turismo. «Hay quien puede acreditar que fue el propio Iglesias quien las llevó», afirma la edila. «Queremos que él diga si fue así» y que «dé las explicaciones que merece el asunto».
Responsabilidad política
En el caso de que estas no sean «convincentes» o de que se confirmen sus sospechas -«en ese caso estaríamos ante la comisión de varios tipos delictivos, como estafa, falsedad documental y prevaricación», según Prado-, el PP exigirá responsabilidades políticas y la dimisión o el cese de Iglesias. Sostiene que el alcalde «debe tomar cartas en el asunto, y si Iglesias no asume sus responsabilidades ha de hacerlo él». De otra forma, la oposición exigirá al regidor que ponga el caso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción, como ya hizo con el proceso de licitación de las obras del polideportivo del Quiroga Palacios. De no ser así, aclara Prado, el propio PP acudirá a la vía judicial.
En total, las facturas retiradas por Gaztelumendi a escasos días de dejar su puesto en Incolsa, sumaban 21 cargos y un montante de 373.849 euros. Una cifra muy similar (400.000 euros) a los convenios que la dirección xeral había comprometido verbalmente con Incolsa para acciones de promoción turística de la ciudad y que finalmente no llegaron a concretarse porque «se verían truncados con las elecciones de marzo», en que el PP recuperó la Xunta.
La oposición sostiene que con estas facturas se pretendía «salvar» la situación económica de Incolsa, que arrastra déficit por la inconcreción de esos convenios y otro de Turgalicia, así como por la retirada entonces del apoyo de la Xunta al convenio con Ryanair. El Concello niega irregularidades y dice que el PP quiere desviar la atención sobre otros temas.

Xacobeo Blu:sens: 83 - Unicaja: 66

El Foro polo Civismo abre otra vez el debate mientras el botellón sigue en la calle

"El Ayuntamiento no ha puesto ningún medio para acabar con este problema", advierte Prado ·· No se ha cursado "ni una sola sanción" por beber en espacios públicos

Coincidiendo con el inicio del curso universitario, se reabre la mesa de debate del Foro polo Civismo. Integrado por autoridades municipales e instituciones de peso en la ciudad, se reunirá de nuevo el próximo martes (19 horas) en la Casa das Asociacións de Cornes. La cita servirá para presentar el programa La vida recreativa en Santiago: análisis del estado de la situación y propuestas para prevenir los factores y las condiciones de riesgo asociadas a la misma. "Es una tomadura de pelo total y absoluta", denunciaba ayer en los micrófonos de Radio Obradoiro la edil popular Paula Prado. "El Ayuntamiento de Santiago no ha puesto ningún medio para acabar con el problema del botellón. Inventándose este foro sacan una cortina de humo, ya que se habla de propuestas que después no se llevan a cabo", critica.
El único proyecto que ha progresado ha sido la ordenanza que prohíbe vender alcohol a partir de las diez de la noche, recuerda la responsable. Cierto es, sin embargo, que en el Foro polo Civismo se aportaron "múltiples y varias soluciones". "Pero cumplir la normativa era fundamental y a día de hoy no se ha puesto ni una sola sanción por beber en la calle", advierte Prado. La concejala recuerda al gobierno local que alguien, por ejemplo un padre, podría exigir una responsabilidad patrimonial a Raxoi por lo que sucede en la calle. "Y, de hecho, algún ayuntamiento ya ha sido condenado por este tema", apostilla.
La edil popular insta a los mandatarios municipales a adoptar medidas que atajen el botellón copiando modelos como el que utiliza Granada. En la ciudad andaluza se ha acotado un enorme botellódromo y existe un intenso operativo para controlar a los establecimientos que venden alcohol a menores y fuera del horario legal.

La frase
Paula Prado Concejala del Partido Popular
"Como vuelven los estudiantes, reúnen de nuevo al foro para que parezca que estamos haciendo algo"

La mitad de los nuevos policías de Galicia vigilarán la violencia machista

El Gobierno gallego se compromete a desarrollar la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007 por el bipartito

















La mitad de los nuevos agentes de la Policía Autonómica de Galicia irán destinados al ámbito de la violencia machista y de la protección de menores, según informó ayer el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. El conselleiro, que había solicitado al Ministerio de Justicia una ampliación de 500 agentes para la unidad adscrita a la Policía Autonómica, destacó "la voluntad" de la actual Xunta de desarrollar "en esta legislatura" la ley gallega contra la violencia de género aprobada en 2007. Rueda aseguró que "no existe relajamiento" en la lucha del Gobierno autonómico contra "esta lacra social" y añadió que, en los presupuestos de 2010, han incrementado los fondos para la concesión de ayudas periódicas a las víctimas y dirigido un 19% más del presupuesto a la partida asignada a los programas de protección. En cuanto a las medidas que la Xunta planea poner en marcha, el responsable de Presidencia hizo referencia al desarrollo de un programa de atención psicológica específica a los menores que se encuentren en casas de acogida y a un proyecto "experimental" sobre el fomento de la igualdad, que se desarrollará de forma conjunta con Castilla-León y Portugal.

Previamente a la intervención Parlamentaria de Rueda, la diputada del BNG Ana Pontón denunció "los pasos negativos" que la Xunta había desarrollado en esta materia. así, recordó "el despido de 64 personas" que trabajaban en los equipos de igualdad de las oficinas adscritas al Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar.

Desde el PSdeG, la diputada Laura Seara acusó al Gobierno gallego de haber "retirado la igualdad de la agenda política", argumentando que "no han promovido ni una sola medida nueva" desde su llegada a la Xunta. Además, la socialista manifestó tener constancia de que beneficiarias de la ayuda económica periódica a víctimas -salario de la libertad- "no la cobraban desde abril".

Finalmente, la diputada del PP Paula Prado también hizo referencia al salario de la libertad, promovido por el gobierno del bipartito, y lo tildó de "estafa" al asegurar que "requiere de una convivencia entre víctima y agresor", que no existe después de que el juez dicte una orden de alejamiento contra éste último.

ALAKRANA. LOS QUEREMOS EN CASA

TRAS 2 AÑOS Y MEDIO SIN PLAN DE IGUALDAD EL CONCELLO APOBARÁ UN PLAN HASTA EL 2011

Santiago necesitaba un plan, una hoja de ruta que marcase las políticas de igualdad para nuestro Concello. El anterior Plan perdió vigencia en abril del 2007 y, desde entonces, en Santiago de Compostela no exitían compromisos reales en materia de igualdad.

Una vez analizado el documento en el que se recoge el Plan, desde el PP observamos en este «mucho humo y propaganda» y poco compromiso con la realidad santiaguesa:
«Se habla mucho de impulsar, favorecer y fomentar, pero así no se compromete nada»,

Desde el Partido Popular echamos en falta, sobre todo, un programa de conciliación estable para los períodos de vacaciones escolares, programas que sí tienen municipios del entorno (Teo, Ames, Oroso, Arzúa,...).

Hay que destacar también que, desde el gobierno municipal socialista, no se ha consultado con ninguna asociación vecinal ni con el PP y desconocemos los criterios que se utilizaron para contactar, arbitrariamente,con otros colectivos que sí participaron en las mesas de trabajo previas.

EL FISCAL SUPERIOR DE GALICIA PRESENTA SU MEMORIA DE 2008 EN EL PARLAMENTO

Aunque las intervenciones de los grupos parlamentarios se centraron principalmente en alabar y analizar el trabajo de la Fiscalía Superior, las diputadas no pudieron evitar unos mínimos cruces de acusaciones. Así, Beatriz Sestayo preguntó a Varela si, como representante del Ministerio Fiscal, se sentía "presionado" por alguien para "perseguir" a cargos del PPdeG, en alusión a las críticas efectuadas a raíz de casos como el Gürtel.Desde las filas populares, la diputada Paula Prado respondió a la socialista señalando que las críticas vertidas desde el PP se encaminan al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "y no son trasladables a otras figuras fiscales, que no decimos que no actúen con imparcialidad". Además, la parlamentaria pidió al PSdeG que tenga "memoria histórica" y no olvide que con gobiernos estatales anteriores, ellos mismos criticaron al anterior fiscal general, Jesús Cardenal.


El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, puso de manifiesto en el Parlamento la necesidad de crear una ley autonómica de mediación, que regule y ampare la aplicación de estos procesos en conflictos que afectan al ámbito privado y esferas de proximidad, como cuestiones vecinales, de familia o incluso los referidos a menores. "No deberÍamos pasar un minuto más sIn preocuparnos por esta cuestión" resaltó.Varela, que presentó ante la Comisión 1ª la memoria de la Fiscalía Superior de 2008, defendió que hay que tener presente la idea de que "no sólo hay justicia donde hay tribunales" y que por tanto "no todos los litigios deben ser resueltos por los tribunales", por lo que apostó por dar un impulso a fórmulas como la mediación o el arbitraje.Además de la descarga de trabajo que para las unidades judiciales puedan suponer estos sistemas, el fiscal incidió en que se trata de medios "absolutamente necesarios" cuando se trata de casos "en los que las partes tienen que seguir manteniendo una relación personal", en los que resulta beneficiosa la intervención de psicólogos.Varela expuso que ya existen experiencias de probada eficacia. Así, destacó que en el 95% de los casos en los que se han aplicado soluciones extraprocesuales, del tipo de la conciliación y la mediación, con menores, estos no han vuelto a delinquir. También puso como ejemplo el programa de mediación intrajudicial puesto en marcha para los procesos de familia en el juzgado número 6 de Santiago, que logró que los acuerdos obtenidos por mediación fuesen aceptados en el 50% de los casos, cifra muy superior a la obtenida por experiencias similares de otras comunidades autónomas.Por ello, Varela pidió la continuidad de este convenio --firmado entre la Vicepresidencia del bipartito, el Ministerio Fiscal, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y el Colexio Oficial de Avogados de Santiago-- y abogó también por hacerlo extensivo a otras provincias, de modo que Galicia se sitúe en una "posición de vanguardia" en la implantación de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos "al menos en los procesos de familia y menores".

Las representantes de los tres grupos parlamentarios --PPdeG, PSdeG y BNG-- se mostraron de acuerdo con la propuesta del fiscal de buscar un nuevo concepto de justicia más "diversificado" con "soluciones informales" como la mediación y el arbitraje, que permitan "diversidad de respuesta". Los tres partidos también se sumaron a la preocupación expresada por el fiscal superior ante la "dificultad" de ejecutar las penas impuestas basadas en trabajos en beneficio de la comunidad, que Varela vinculó a la "insuficiencia de puestos de trabajo a los que destinar a los penados".
Organización y especialización
Donde también hubo coincidencia fue en la necesidad de afrontar una reforma de la organización territorial de la Justicia en Galicia. Desde el grupo popular se destacó que la nuestra es la tercera comunidad con más número de partidos judiciales (45) y que las nuevas vías de comunicación permiten pensar en una nueva distribución más racional. Por su parte, el BNG reclamó para Galicia las competencias de organización y definición de la planta judicial.Carlos Varela abogó por una "nueva geografía de la Justicia", asentada en la comarca como célula básica. Los tribunales comarcales se harían cargo de la "pequeña litigiosidad" y los llamados conflictos "de baja densidad", actuando como una justicia "de proximidad" y liberando a instancias superiores para dar una atención más especializada."Si la delincuencia es compleja y el órgano que la atiende no está muy especializado la respuesta no va a ser de gran altura" señaló el fiscal superior, que abogó por ir hacia las unidades judiciales especializadas, huyendo del "juez generalista" y buscando el apoyo de equipos periciales y policiales con formación específica.

Además del ámbito económico, la dedicación temática se resaltó como muy importante a la hora de abordar los casos de violencia de género, delito que en 2008 generó 6.963 procedimientos en Galicia, de los que el 24,80% correspondieron a juicios rápidos. En 1.447 de ellos, el Ministerio Fiscal llegó a la fase de calificación, y se emitieron un total de 1.175 sentencias, de las que el 61,61% fueron condenatorias.Además de la actuación puramente judicial, Carlos Varela incidió en la puesta en marcha de los informes de valoración integral, que incluyen una valoración del riesgo potencial en el que se encuentra la víctima en distintos momentos del proceso, como por ejemplo a la hora de dictar prisión provisional o una puesta en libertad. Las unidades encargadas de este tratamiento integral comenzaron a funcionar en el verano de 2008, y desde la Fiscalía Superior se espera que sean útiles a la hora de predecir y atajar situaciones de peligro.

TODOS CON EL OBRA

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La Casa de Acogida sigue cerrada y sin una fecha para su reapertura

Acusan al gobierno local de no entregar toda la documentación necesaria a la Xunta. Desde Raxoi señalan que el expediente ya se trasmitió al anterior gobierno, y que "ahora dicen que no lo encuentran"

La antigua Casa de Acogida del Ayuntamiento de Santiago está previsto que se convierta en un centro de atención integral para las víctimas de la violencia de género. Para ello ambas administraciones firmaron un acuerdo en 2007 por el que Raxoi cedía el local, y la Xunta se encargaba de reformarlo y poner en marcha el nuevo servicio.
Sin embargo, a estas alturas todavía no se ha llevado a cabo esta cesión, por lo que la oposición municipal reclamó ayer el gobierno compostelano que explique las razones.
Según explicó la concejala responsable del seguimiento de esta área por parte del PP, Paula Prado, la demora se debe a que "el Ayuntamiento no envió a Patrimonio de la Xunta toda la documentación que se le había requerido para finalizar el proceso de cesión" del inmueble.
Paula Prado explicó que "esta decisión se adoptó por parte del gobierno municipal sin ningún tipo de previsión futura, pues desde hace casi dos años Santiago no cuenta con ningún inmueble en el que acoger a las víctimas de malos tratos.
La versión de la concejala de la Mujer, Mar Martín, es muy diferente, ya que señala que la documentación se le remitió al Consorcio da Igualdade e do Benestar de la anterior Xunta, y que tras el cambio producido en las elecciones, se les preguntó si iban a seguir con el proyecto.
La respuesta fue positiva, pero también les indicaron que "no encontraban la documentación", por lo que ahora se procederá a reenviársela en breve.
Sobre el cierre del servicio, Mar Martín señaló que con las modificaciones introducidas en la nueva legislación, el modelo tradicional de casas de acogida ya no es efectivo, sino que hay que buscar otras soluciones.

Las claves

Sin actividad desde hace casi dos años
La Casa de Acogida de Santiago cerró sus puertas en diciembre de 2007. El objetivo era cedérsela a la Xunta para que se convirtiese en un centro de recuperación integral para las víctimas de la violencia de género. Casi dos años después, según denuncia el PP, ni siquiera se han iniciado las obras para la reforma interior del inmueble.

Local de los vecinos de Río Sarela
El PP también denunció que en este local tiene su sede provisional la asociación de vecinos Río Sarela, y que a pesar de que las obras estaba previsto que diesen comienzo a partir de la segunda quincena de octubre, "desconocen que han de abandonarlo, y si hay otro lugar previsto para acogerlos".

Acomodo en la Mancomunidad

Sobre la falta de un local para la asociación de vecinos, Mar Martín explica que ya se les informó de que su estancia en la Casa de Acogida era provisional, y que cuando tengan que dejar esta ubicación podrán trasladarse al edificio de la Mancomunidad de Santiago, que también está situado en la zona de San Lourenzo .

EL DATO
300.000 euros .
La Xunta cuenta con una partida de 300.000 euros para acometer las obras de reforma del interior de la Casa de Acogida y convertirla en un centro integral de atención .

Conexiones a internet de la Xunta nacionalista: 42 mil euros en 2 meses

La delegada en Coruña de la Consejería de Trabajo se gastaba hasta 3 mil euros diarios en la red

.- Se llama María Debén y ocupó el cargo de delegada de la consejería de Trabajo de la Junta gallega durante el gobierno bipartito de nacionalistas y socialistas. Si Touriño coleccionaba muebles y coches blindados, Debén coleccionaba horas de acceso a la red. En apenas dos meses gastó 42.650 euros del dinero de los ciudadanos en su conexión a internet.
La bien comunicada ex delegada era capaz de descargar cuatro películas completas al día, lo que tal vez no le dejaba demasiado tiempo para las obligaciones del cargo, pero seguramente le distraía bastante.
La nueva consejera de Trabajo de la Junta, la popular Beatriz Mato, calificó de "auténtica salvajada" la actividad de Debén en la red por cuenta de los contribuyentes:
"A mí me parece imposible casi físicamente hacer unas descargas que supongan un coste público de esa envergadura."
Mato censuró el uso de esta tecnología, un dispositivo de alta velocidad vía satélite, y entendió que el destino de la conexión no era el de facilitar las labores propias del trabajo, algo que vio "evidente" con descargas que, en ocasiones, "superaban los 3.000 euros diarios":
"No tengo ni idea ni voy a cuestionar qué es lo que se descargaba."

HUELGA DEL METAL.Los porqués de un conflicto que parece no tener final

Las demostraciones de fuerza pueden estar a punto de terminar

La Voz de Galicia.
Sofía Vázquez
30/6/2009

¿Por qué no se ponen de acuerdo las dos partes de este conflicto? Para dar respuesta a esta pregunta existen varias versiones. La primera relaciona el arranque de la movilización con las elecciones a la patronal gallega y también con las de la CIG, la central nacionalista vinculada al BNG, partido integrante del anterior Gobierno gallego.
La presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia se la disputaron Antonio Fontenla y José Manuel Fernández Alvariño. Según distintas fuentes, el segundo, que mantenía una postura más radical que el primero frente a los representantes de los trabajadores, advirtió que la negociación sería difícil, «y no le dejó otra salida a los sindicatos que ir a la huelga; y, sobre todo, a la central nacionalista que, a las pocas semanas, celebró su congreso». Sin embargo, esta idea es descartada de forma tajante por otras fuentes consultadas. «Alvariño no está negociando en el metal. Lo hace José María Hidalgo, que es el rival de aquel. Así que esta versión carece de fundamento», argumentan.
Otro factor que está influyendo en la duración de la movilización es la alta tensión que se vive en la provincia de Pontevedra. «Se necesita un período de descompresión para que se firme el convenio», advierten fuentes próximas al conflicto, quienes apuntan también que los trabajadores «aguantarían» con sueldos de 400-500 euros porque buena parte de ellos están cambiando los días en huelga por vacaciones.
Además, ni a la patronal ni a los sindicatos les conviene la mediación de la Xunta. ¿Por qué? A los primeros, explican los mismos expertos en materia laboral, no les va a «solucionar este asunto un miembro del PP; no lo consentirían». Mientras que si la Xunta adoptase una postura próxima a los sindicatos, la solución propuesta jamás sería aceptada por los empresarios, después de soportar más de 20 días de huelga. «Solo las partes pueden llegar a un acuerdo, y ya veremos si más adelante, en septiembre u octubre, surge un nuevo conflicto laboral», subrayan
Pero, sean cuales sean las fuentes consultadas, todas coinciden en que el paro del metal -uno de los más largos de la historia de España- está a punto de concluir, entre otras cosas porque ya remató el congreso de la CIG.
Al llegar a este punto, fuentes bien informadas quieren destacar el peso que en este conflicto tiene la demostración de fuerza por parte de los sindicatos, cuya presencia en el metal es ya histórica.

¿Quién debe pagar los libros de texto?

Domingo 28 de junio de 2009

En mi casa, y como en la mía en docenas de miles de hogares de Galicia, podemos pagar los libros de texto de nuestros hijos sin que ello nos suponga un esfuerzo agotador.
Sin embargo, si a cualquiera de las familias gallegas con capacidad para asumir ese gasto con solo prescindir de algunos pequeños lujos o caprichos se les preguntara si están a favor de que los libros escolares sean gratuitos (es decir, de que se paguen con impuestos) la respuesta sería positiva en la inmensa mayoría de los casos. ¿Por qué razón? Es sencillo: porque el egoísmo individual tiende a prevalecer sobre la solidaridad social.
Pero el hecho de que esa prevalencia sea general, e incluso explicable a la vista de la condición humana, no autoriza a convertir sus indeseables consecuencias en verdades indiscutibles de la filosofía progresista.
Seamos claros: dar 2.500 euros por nacimiento, con independencia de la renta (es decir, al margen de que el nacido se apellide Pérez o Koplowitz), rebajar 400 euros en las retenciones de todos los contribuyentes o hacer los libros de texto gratuitos, no son medidas progresistas, sino iniciativas de populismo electoral que contradicen frontalmente un principio esencial del progresismo: el de la redistribución de la renta a través de la fiscalidad.
Y si eso es así con carácter general, lo es mucho más en un país como el nuestro, en el que la injusta distribución de la recaudación fiscal (procedente de las rentas de los asalariados por cuenta ajena en su inmensa mayoría) puede convertir medidas como las apuntadas en mecanismos de redistribución fiscal inversa: formas de trasladar renta de los más humildes a los más acomodados.
La Xunta de Galicia acaba de iniciar el camino contrario: ir suprimiendo la gratuidad de los libros con carácter general para acabar subvencionando a las familias de renta más baja que no pueden comprarlos sin apoyo.
Aunque, sin duda, el umbral económico fijado legalmente para que las familias reciban las ayudas (9.000 euros per cápita) es discutible, la protesta de asociaciones, sindicatos y partidos, que exigen el mantenimiento de un privilegio (pues de eso se trata, al fin y al cabo) que el bipartito convirtió en bandera de la izquierda, hace sospechar que el cuento chino del fin de las ideologías pudiera ser algo más que un invento reaccionario.
Pues ahí lo tienen: la derecha gobernante apostando por la redistribución fiscal, frente a una izquierda política y sindical empeñada en defender que se subvencione por igual a las familias que ingresan 2.000 euros que a las que ingresan 20.000. Si eso es progresismo, que venga Marx y lo vea. Salvo, claro, que ser progresista consista hoy en hacer políticas que siempre ha hecho la derecha.