La mayoría popular respaldará la iniciativa para el acompañamiento del embarazo · El PSdeG advierte del "oportunismo" de la propuesta y el Bloque señala el "trasfondo antiabortista" que encierra una "formulación amable"
El Correo Gallego
R. LIZCANO • SANTIAGO
En diciembre de 2007 los promotores de la iniciativa popular registraron en el Parlamento gallego 25.000 firmas de apoyo a su texto.
Veinticuatro años después de que la legislación española despenalizase el aborto, el debate sobre la interrupción del embarazo sigue vivo. En plena discusión sobre la puesta al día de esa primera norma del 85, el Parlamento gallego debate hoy la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por una "rede de apoio á muller embaraza" que impulsan el Foro Galego da Familia y 25.000 firmas.
Coloma Viúdez, portavoz del colectivo pro vida, defenderá ante el Pleno un texto que recibirá los votos de la mayoría popular y, con ellos, la oportunidad de continuar su camino hacia la conversión en ley. En frente, tendrá a PSdeG y BNG, contrarios a pasar por alto las "tesis antiabortistas subxacentes" y a participar en un debate que presente aborto y defensa de la maternidad como posiciones "contrapuestas".
"É unha iniciativa bienintencionada, que non vai contra ninguén nin contra a lexilación vixente", dice Paula Prado, diputada del PPdeG. Su grupo, explica, comparte en esencia la necesidad de una red de apoyo fortalecida para la mujer que afronte con dificultades un embarazo no planificado. La iniciativa, mantiene Prado, se enmarca en la "igualdade de oportunidades que recolle o artigo 9.2 da Constitución" entanto sirve para contrarrestar los obstáculos que la mujer puede encontrar para continuar con su embarazo.
El PSdeG entiende sin embargo que la propuesta encierra un debate "oportunista e non aconsellable, por enfrontar aborto con defensa da maternidade". El texto, que en su exposición de motivos se refiere a la interrupción del embarazo como la primera causa de mortalidad en España, "viene muy posicionado" y olvida, en opinión de Laura Seara, las medidas de apoyo a la familia ("a todos os tipos de familia", matiza) promovidas desde el Gobierno central y por la Xunta bipartita, como la ampliación del permiso de maternidad, la adaptación de las condiciones laborales ante un embarazo de riesgo o el subsidio no contributivo para las mujeres embarazadas sin cotización suficiente.
El apoyo a la familia, dice, no está reñido con el derecho de la mujer a decidir sobre la continuidad o no de su embarazo, una decisión que, añade, "é íntima e persoal, e non depende unicamente de razóns socioeconómicas, que son as que recolle o texto". Además, Seara cree que, con 78 Centros de Información á Muller (CIM) trabajando, cuatro casas de acogida y dos teléfonos de información, la petición carece de justificación.
En posiciones próximas se manifestará el Bloque, que entiende que la creación de un servicio de apoyo a la mujer embarazada significaría "duplicar unha rede que xa existe con carácter integral". En palabras de Ana Pontón, "baixo unha formulación amable a iniciativa presenta un trasfondo ideolóxico antiabortista claro, ata considerar asesinato a interrupción do embarazo e a intervención en si unha actividade delictiva".
Veinticuatro horas antes del debate, la portavoz de la Fundación Red Madre del Foro Español de la Familia, Esperanza Puente, reclamaba desde Santiago el apoyo de las fuerzas políticas para recuperar "un derecho que se está vulnerando sistemáticamente desde hace más de 20 años". Puente ofreció ayer una charla en la facultad de Derecho de Santiago titulada Realidad del aborto, derechos y libertades y antes denunció en rueda de prensa que "en España no se aborta voluntariamente, sino con mucha presión social".
"Importamos un comino"
La portavoz de Red Madre reclamó el esfuerzo de la Administración para "dar a conocer también las redes de apoyo para que las mujeres puedan decidir con discernimiento y con libertades". "Después de un aborto, lo que se ha perdido es un hijo, y eso no nos lo ha contado antes nadie", afirmó Esperanza Puente, que cargó contra los profesionales que participan en las IVE y contra los "expertos de la muerte" que participan en la comisión que estudia la reforma de la actual regulación del aborto. "Les importamos un absoluto comino", señaló la portavoz de Red Madre, que recordó su propia experiencia como un hecho "devastador": "Me dejó los restos de mi hijo decapitado al lado", dijo.
Castilla y León y Valencia han aprobado iniciativas como esta. Andalucía, Navarra y Aragón han votado en contra. Entre otras cuestiones, el texto propone la adaptación de los planes de estudio para menores de 30 años embarazadas o que en todos los centros de orientación se informe del "síndrome post-aborto".
