El nuevo decreto de zonas saturadas de ruidos, que ha ratificado las 10 calles así calificadas desde el 2005 e incorporado otras seis, supone la constatación «del fracaso» de la política municipal contra la contaminación acústica. Así lo sostiene el PP, que reclama medidas correctoras reales, porque entiende que las que impone esta declaración no lo son. Y no lo son, según Paula Prado, porque se ha abordado el tema con «medidas de mínimos», que impiden que el problema no se agrave, pero que tampoco lo corrigen. De hecho, afirma, no solo no se ha corregido en las zonas saturadas hasta ahora, que en algunos casos ofrecen índices de ruido que son «una barbaridad», con lecturas por encima de 70 cuando el máximo nocturno es de 55 decibelios, sino que la declaración se ha ampliado a otras calles.
Para la edila opositora, el nuevo decreto solo pretende abordar un problema que el regidor «quiere vender a los vecinos como una solución» pero que para el PP es «una tomadura de pelo» y el «reconocimiento administrativo de que el alcalde ha incumplido la normativa». Porque después de cinco años del primero «hoy deberíamos tener menos calles declaradas zonas saturadas». El alcalde, añade, «está haciendo creer a los vecinos que está haciendo algo y no hace nada, porque hay que tomar medidas correctoras».
Y para ello, la oposición entiende que es básico un mapa de ruidos que ofrezca un diagnóstico claro, pero también mayor vigilancia en las calles, porque buena parte del problema está en el ruido que se genera en el exterior de las zonas de ocio nocturno.
Más ruido fuera
El informe de la empresa que hizo las mediciones en las que se basó el actual decreto dice que precisamente ese es el problema más grave y del que se quejan más los vecinos, según Prado, quien sostiene que así como a los establecimientos se les exige un nivel de insonorización, el tema de la calle es responsabilidad del Concello. «Y esto se va a agravar más con la ley antitabaco», asegura, al tiempo que reclama la imposición de multas a quien genere ruido a esas horas en la vía pública, porque «la ordenanza prohíbe gritar en la calle y aquí no se puso ni una sola multa».
El mapa de ruidos y el mayor control en las calles son dos de las cuestiones sobre las que hace incidencia el PP en la moción que presentó ayer para su debate en el próximo pleno. Pero también demanda del Concello que actualice las licencias administrativas en función del catálogo de la Xunta, que se homologue el modelo de placas identificativas de la actividad, horario y aforos que deben tener los locales -«lo que no se hizo en los siete años que tiene la normativa municipal actual»-, que se fijen distancias mínimas entre las distintas actividades, que se reconduzca la situación de los locales que se encuentren en situación de ilegalidad, que se reduzca el número de establecimientos por la vía de la indemnización a los que estén dispuestos a cerrar y que se limiten las actividades ruidosas en la vía pública. De hecho, la concejala popular sostiene que también es preocupante el ruido diurno en algunas zonas y que a lo mejor había que pensar en medidas restrictivas de tráfico.
Para la edila opositora, el nuevo decreto solo pretende abordar un problema que el regidor «quiere vender a los vecinos como una solución» pero que para el PP es «una tomadura de pelo» y el «reconocimiento administrativo de que el alcalde ha incumplido la normativa». Porque después de cinco años del primero «hoy deberíamos tener menos calles declaradas zonas saturadas». El alcalde, añade, «está haciendo creer a los vecinos que está haciendo algo y no hace nada, porque hay que tomar medidas correctoras».
Y para ello, la oposición entiende que es básico un mapa de ruidos que ofrezca un diagnóstico claro, pero también mayor vigilancia en las calles, porque buena parte del problema está en el ruido que se genera en el exterior de las zonas de ocio nocturno.
Más ruido fuera
El informe de la empresa que hizo las mediciones en las que se basó el actual decreto dice que precisamente ese es el problema más grave y del que se quejan más los vecinos, según Prado, quien sostiene que así como a los establecimientos se les exige un nivel de insonorización, el tema de la calle es responsabilidad del Concello. «Y esto se va a agravar más con la ley antitabaco», asegura, al tiempo que reclama la imposición de multas a quien genere ruido a esas horas en la vía pública, porque «la ordenanza prohíbe gritar en la calle y aquí no se puso ni una sola multa».
El mapa de ruidos y el mayor control en las calles son dos de las cuestiones sobre las que hace incidencia el PP en la moción que presentó ayer para su debate en el próximo pleno. Pero también demanda del Concello que actualice las licencias administrativas en función del catálogo de la Xunta, que se homologue el modelo de placas identificativas de la actividad, horario y aforos que deben tener los locales -«lo que no se hizo en los siete años que tiene la normativa municipal actual»-, que se fijen distancias mínimas entre las distintas actividades, que se reconduzca la situación de los locales que se encuentren en situación de ilegalidad, que se reduzca el número de establecimientos por la vía de la indemnización a los que estén dispuestos a cerrar y que se limiten las actividades ruidosas en la vía pública. De hecho, la concejala popular sostiene que también es preocupante el ruido diurno en algunas zonas y que a lo mejor había que pensar en medidas restrictivas de tráfico.
