TRIBUNA LIBRE
El Correo Gallego. 18 de octubre de 2007
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PAULA PRADO DEL RÍO (CONCEJALA DEL GRUPO POPULAR)
Desde hace años se repite como una milonga aquello de que "hay que conciliar el derecho al ocio nocturno y el derecho al descanso". Niego la mayor. Gritar en la calle a las cuatro de la madrugada no es un derecho, como tampoco lo es orinar o arrasar un parque infantil. Esas conductas no han de conciliarse con nada.
Así pues, la referida milonga de la conciliación es la primera falacia a rebatir, una falacia propia del relativismo moral, de la idea progre de que todas las expresiones o expectativas sociales valen lo mismo, de que tanto derecho tiene un residente a la salud o a la salubridad como un "botellonero" a gritar o a orinar. Y no es así, no hay que conciliar lo bueno y lo malo, y menos a costa de inaplicar la ley y de menoscabar la convivencia.
No se trata de prohibir la movida: se trata de que quien salga por la noche se comporte sin saltarse las normas y sin perjudicar a terceros o a sí mismos. El discurso de la conciliación puede resultar engañoso y, por repetido, cansino.
La segunda falacia, vinculada a la anterior, deriva del mal entendido "talante" y del contraproducente "buenismo", y más que falacia argumentativa constituye un agravio para la mayoría de los ciudadanos. Dicen los portavoces de la progresía que no se debe sancionar a quienes practican el botellón porque "son nuestros hijos, sobrinos, amigos" (sólo les falta decir: "¡Son nuestros votantes!"). ¡Oigan!, entonces, conforme a tal razonamiento no se debería sancionar tampoco a quienes estacionan -siquiera brevemente- su vehículo en doble fila? ¡Son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos! Sancionar o no sancionar en función de quien sea el autor de un acto ilícito es propio de otras épocas y de otras latitudes políticas: en un Estado de Derecho, a quien se salta las normas se le sanciona, sea sobrino del alcalde o hijo de la Pantoja. Y no creo necesario recordar que en un Estado de Derecho las sanciones -de vocación disuasoria- son necesarias. Si en un par de meses se impusieran 300 sanciones de 400 euros cada una el botellón quedaría reducido a una expresión menor.
La tercera falacia consiste en decir que para afrontar el problema nos hace falta una nueva ley. ¿Otra ley? ¿Una más? Y cuando se promulgue una nueva ley, entonces desde el gobierno municipal se nos dirá que para actuar necesitan también una resolución de Naciones Unidas. Seamos serios: disponemos de los suficientes títulos jurídicos para reducir progresivamente el botellón. No estamos ante un problema de insuficiencia normativa; estamos ante un problema de pasividad y permisividad política. Claro que quizás sean los intereses electorales de la progresía gobernante los que expliquen tal permisividad, completada ahora con una ocurrencia demagógica: ¡dialogar con quienes arrasan los parques infantiles! En fin.
