En el año 2006 se aprobó la denominada Ley de la Dependencia.
La Ley recoge el papel que han de desempeñar las Entidades Locales en su aplicación, y, a pesar de ello, Vicepresidencia ha excluido a los Ayuntamientos.
Esta exclusión de los Ayuntamientos por parte de la Vicepresidencia de la Xunta supone un neo-centralismo autonómico, poco coherente, por cierto, teniendo en cuenta las constantes críticas que el propio Quintana realiza en referencia a las relaciones competenciales de Madrid con Galicia.
Así, la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia creó unilateralmente el denominado “Sistema Galego de Atención á Dependencia” con la apertura de 81 oficinas de titularidad propia (104 personas contratadas al efecto), repartidas a lo largo y ancho de todo el territorio gallego. Concretamente en Santiago Vicepresidencia instaló dos oficinas: una en la Residencia Porta do Camiño y otra en Area central, despreciando totalmente el trabajo de los Servicios Sociales de Atención Primaria e ignorando las competencias que la Ley le reconoce a los Ayuntamientos en la aplicación de la Ley.
Con este neocentralismo autonómico se está desarrollando una política social a mayor gloria del burócrata autonómico y en detrimento de las personas, pues la pretendida autosuficiencia de Vicepresidencia a lo que ha conducido es a un bloqueo de la tramitación administrativa, pues a pesar de que la norma entró en vigor el 1 de enero de este año, todavía nadie ha recibido un solo euro.
Como consecuencia de esta exclusión se han producido una serie de reacciones adversas; las últimas semanas estamos asistiendo a un cúmulo de quejas por parte de varios alcaldes socialistas, concretamente de las grandes ciudades; entre ellos el Sr. Sánchez Bugallo.
El Partido Popular comparte esta queja pero no se limita a la misma y creemos que los ayuntamientos deben reaccionar.
Así, proponemos la creación de una Oficina Municipal de Atención a la Dependencia. No estamos hablando tanto de una Oficina física como funcional, esto es, que se adscriba personal del Concello a un servicio que habrá de ser especializado en información sobre la Ley y tramitación de las solicitudes de dependientes así como su posterior valoración social y seguimiento.
En definitiva, creemos que el Ayuntamiento debe implicarse en la tramitación de la Ley de la Dependencia.
Creemos que el ayuntamiento debe asumir sus competencias y que frente a la actitud resignada y pasiva que está adoptando debe adoptar una actitud más activa y comprometida con las expectativas de las personas dependientes.
Creemos que el señor Bugallo está pagando un nuevo peaje para mantener el bipartito local y autonómico: el señor Bugallo renuncia al ejercicio de competencias locales en beneficio del ego competencial del señor Quintana y en perjuicio de los ciudadanos de Santiago.
La Ley recoge el papel que han de desempeñar las Entidades Locales en su aplicación, y, a pesar de ello, Vicepresidencia ha excluido a los Ayuntamientos.
Esta exclusión de los Ayuntamientos por parte de la Vicepresidencia de la Xunta supone un neo-centralismo autonómico, poco coherente, por cierto, teniendo en cuenta las constantes críticas que el propio Quintana realiza en referencia a las relaciones competenciales de Madrid con Galicia.
Así, la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia creó unilateralmente el denominado “Sistema Galego de Atención á Dependencia” con la apertura de 81 oficinas de titularidad propia (104 personas contratadas al efecto), repartidas a lo largo y ancho de todo el territorio gallego. Concretamente en Santiago Vicepresidencia instaló dos oficinas: una en la Residencia Porta do Camiño y otra en Area central, despreciando totalmente el trabajo de los Servicios Sociales de Atención Primaria e ignorando las competencias que la Ley le reconoce a los Ayuntamientos en la aplicación de la Ley.
Con este neocentralismo autonómico se está desarrollando una política social a mayor gloria del burócrata autonómico y en detrimento de las personas, pues la pretendida autosuficiencia de Vicepresidencia a lo que ha conducido es a un bloqueo de la tramitación administrativa, pues a pesar de que la norma entró en vigor el 1 de enero de este año, todavía nadie ha recibido un solo euro.
Como consecuencia de esta exclusión se han producido una serie de reacciones adversas; las últimas semanas estamos asistiendo a un cúmulo de quejas por parte de varios alcaldes socialistas, concretamente de las grandes ciudades; entre ellos el Sr. Sánchez Bugallo.
El Partido Popular comparte esta queja pero no se limita a la misma y creemos que los ayuntamientos deben reaccionar.
Así, proponemos la creación de una Oficina Municipal de Atención a la Dependencia. No estamos hablando tanto de una Oficina física como funcional, esto es, que se adscriba personal del Concello a un servicio que habrá de ser especializado en información sobre la Ley y tramitación de las solicitudes de dependientes así como su posterior valoración social y seguimiento.
En definitiva, creemos que el Ayuntamiento debe implicarse en la tramitación de la Ley de la Dependencia.
Creemos que el ayuntamiento debe asumir sus competencias y que frente a la actitud resignada y pasiva que está adoptando debe adoptar una actitud más activa y comprometida con las expectativas de las personas dependientes.
Creemos que el señor Bugallo está pagando un nuevo peaje para mantener el bipartito local y autonómico: el señor Bugallo renuncia al ejercicio de competencias locales en beneficio del ego competencial del señor Quintana y en perjuicio de los ciudadanos de Santiago.
